Millonarias remuneraciones de ejecutivos principales de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) reveló el dirigente sindical y secretario nacional del Sindicato Interempresas "María Rozas Velásquez", Andrés Aguilera, en el marco de una causa en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El dirigente recoge que -de acuerdo a la memoria anual 2024- el gasto en remuneraciones de nueve ejecutivos principales anualmente durante ese año representó un monto de $ 6.681 millones.
La aludida ACHS dijo que la cifra de $6.681 millones mencionada está informada en los Estados Financieros debidamente auditados de la asociación y que "es total y absolutamente falso que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos de la institución" y que la entidad se haya negado a dar información a la FNE.
La asociación aclaró que dicho monto -que incluye remuneraciones, indemnizaciones, incentivos variables y otros conceptos que no son de carácter recurrente-, corresponde al total de ejecutivos que integran la alta administración de la ACHS y sus filiales, "arrojando una remuneración promedio muy inferior a la que se ha pretendido instalar de cara a los alegatos en sede de libre competencia".
"Cabe hacer presente que las remuneraciones de la ACHS son definidas por su directorio mediante metodologías objetivas y auditables, basadas en la Política de Compensaciones institucional y en estándares internacionales de evaluación de cargos, como la metodología IPE de Mercer, además de estudios de mercado comparables", dijo la entidad.
Respecto de las dietas del directorio, también debidamente informadas en la memoria institucional, la ACHS indicó que se ubican aproximadamente entre $ 19 millones y $ 34 millones anuales por integrante, diferencias que se explican por el tiempo de ejercicio en el cargo durante el año.
Según explicó el dirigente Andrés Aguilera en el escrito ante el TDLC, la comisión de Salud del Senado y la FNE han requerido insistentemente a la Superintendencia de Seguridad Social las remuneraciones de altos ejecutivos, "siendo siempre negada la información por su fiscalizador, aludiendo erradamente su reserva y confidencialidad".
Por esto, recogiendo que la información es pública al estar consignada en las memorias anuales que las mutuales publican en su página web y es además reportada a la Superintendencia de Seguridad Social, recalca que no se trata de una información confidencial ni menos reservada.
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