Gobierno y expertos plantean subir impuesto al diésel y eliminar exenciones para el transporte de carga

En el marco de la estrategia del hidrógeno verde, en que se expresó la necesidad de establecer una mesa público-privada para discutir la ruta a un precio al carbono y a impuestos que reflejen de mejor forma las externalidades de los combustibles, comenzó el trabajo en torno a una estrategia de instrumentos económicos para la transición energética. Esta tarea, cuyo proceso se realizó en coordinación con el Ministerio de Hacienda, involucró un grupo técnico -entre ellos, Nicola Borregaard y Klaus Schmidt-Hebbel- y un proceso participativo.

Tras meses de trabajo, éste llegó a su fin. El gobierno recibió la propuesta del grupo de expertos y presentó a la ciudadanía una estrategia que se estructura en base a tres propósitos y medidas transversales: alcanzar la equidad tributaria entre combustibles líquidos fósiles; reflejar las externalidades negativas de los combustibles fósiles, alcanzando un precio de al menos US$ 35 por tonelada de CO2 al 2030 (en el marco del impuesto verde); y tener un sistema de instrumentos económicos eficiente y flexible.

El primer objetivo es probablemente el más revelador. Se propone como medida mantener el impuesto específico a la bencina en 6 UTM/m3 y subir gradualmente el impuesto específico al diésel -que hoy está en 1,5 UTM/m3- para que alcance los 4,5 UTM/m3 al 2030.

Además, se plante armar una comisión técnica que recomiende una ruta de eliminación gradual de las exenciones tributarias al transporte de carga y usos de diésel en industrias.

En el Ministerio de Energía explican que "el propósito es dejar en igualdad de condiciones la competencia entre los diferentes combustibles para incentivar el recambio a combustibles menos intensivos en carbono".

Detallan que la cartera de Hacienda creó el año 2020 una comisión tributaria para el crecimiento y la equidad, lo que podría ser uno de los vehículos.

Los otros puntos

Sobre el segundo propósito, se sugiere como medida establecer una ruta creciente de precio al carbono, incrementando el valor del impuesto al carbono hasta alcanzar un mínimo de US$ 35/tCO2 al 2030, y luego subir ese valor, complementando el impuesto con instrumentos con enfoque en mercado (por ejemplo, sistema de límites máximos y permisos de emisión) donde se regulen emisores con flexibilidad en la gestión de sus emisiones. La meta es alcanzar valores entre US$ 50 y US$ 100 /tCO2 en el período 2030-2050.

Mientras, bajo el tercer objetivo, se contempla un mix de instrumentos que habilitará la transición energética y permitirá que los regulados se adapten. Se proponen dos etapas y medidas específicas por instrumento (existentes y nuevos): En la primera, que va desde el 2022 al 2025, aumentar el impuesto al carbono e incluirlo en el costo marginal, complementado con el sistema de compensaciones establecido en la reforma tributaria.

Consultados, en la cartera liderada por Juan Carlos Jobet comentan que el mecanismo debe definirse de acuerdo a los planes de descarbonización de Chile, pero hay consenso en que el impuesto es bajo. "Si miramos la recaudación actual, sin el mecanismo de compensación que empieza a funcionar el 2023, la recaudación sube siete veces. También se debe considerar que en la Política Energética Nacional se aborda el tema. Y que la gradualidad -igual que en todos los procesos de cambio- tiene que ver con dar tiempo de adaptación. Está todo bien articulado", puntualizan.

Este apartado también involucra aumentar el impuesto verde a la compra de vehículos nuevos y eliminar gradualmente las exenciones existentes. Aunque no detallaron los niveles de aumento ni la recaudación esperada, dijeron que "hay que ir revisando estas cosas para potenciar alternativas tecnológicas más amigables con el medio ambiente y en línea con los planes de Chile".

En esta primera etapa también se plantea diseñar e implementar los arreglos necesarios para la operación de un Sistema de Permisos de Emisión Transables (SPET) en el sector energía (articulándolo al sistema de compensaciones del impuesto verde a las emisiones y del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático); y preparar e implementar los arreglos necesarios para puesta en marcha del Artículo 6 del Acuerdo de París en Chile.

En tanto, en la segunda etapa (2026-2030), se considera la implementación del impuesto al carbono en la venta de combustibles fósiles (aguas arriba), regulando así a todos los usos energéticos. Aumentar gradualmente su precio hasta alcanzar los 35 US$/tCO2e al2030.

También, el impuesto a contaminación local se sigue aplicando a emisiones de fuentes fijas, y su valor aumenta gradualmente; y la implementación del SPET en sector energía.

Nuevo gobierno

En el Ministerio de Energía sostienen que se busca tener una equidad tributaria para "emparejar" la cancha con los combustibles fósiles. "El impuesto al carbono en Chile es bajo y no incentiva el recambio tecnológico. Y tenemos que alcanzar valores recomendados internacionalmente. Además, se busca tener instrumentos económicos más flexibles y costo efectivos que acompañen y potencien la transformación energética", indicaron.

Cada una de las medidas propuestas requiere cambios normativos, en su mayoría legales que deberían ser propuestos al Congreso por el Ejecutivo. Consultados por si estas medidas fueron o serán conversadas con la próxima administración, la cartera afirmó: "Esta estrategia será parte de los documentos que se entregará al futuro gobierno en el proceso de transición. Y la calidad y diversidad de las miembros del grupo técnico nos hace pensar que debería tener buena acogida".