Tras más de un año de preparación del proyecto de ley más esperado en la vereda medioambiental desde el punto de vista de la inversión, de forma unánime, el viernes el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que involucra el fortalecimiento territorial, mejoras a la reparación por daño ambiental, y la esperada modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Mientras resta el paso del texto por la Segpres y la Dipres, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aborda en exclusiva para Diario Financiero sus expectativas de la que sería la reforma más avanzada de los cuatro proyectos que son parte del pacto fiscal que está impulsando el Gobierno que tienen que ver con aspectos como permisos sectoriales y concesiones marítimas.
“No sé si estoy siendo demasiado optimista, pero en todas las conversaciones que hemos tenido todo el mundo queda bastante contento, con algún aspecto como para decir ‘sí, esto es bueno’”.
"El primer objetivo para nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente era articular un proyecto que tuviese como objetivo una reducción de tiempo en la tramitación ambiental con el fortalecimiento de la protección ambiental. Lograr eso de manera unánime con 14 ministerios es bien significativo, nos da satisfacción y también nos permite prever que es un buen proyecto y que vamos a tener una buena discusión en el Congreso", asegura la secretaria de Estado, quien recalca que la iniciativa -cuyo ingreso al Congreso se espera para este mes- está "prácticamente lista".
- ¿Cómo han recibido la propuesta los parlamentarios?
- En general ha sido positivo. Hay un acuerdo bien transversal que cuidar el medio ambiente es una parte fundamental del crecimiento del país en el largo plazo y, por lo tanto, el rol que juega la evaluación ambiental no es una traba para el desarrollo, sino que es el camino necesario para llegar al desarrollo. Y eso es lo que tenemos que lograr para tener un desarrollo que sea sustentable en el largo plazo. No nos olvidemos que para esto requerimos modernizar la institucionalidad que ya el próximo año cumple 30 años. La buena noticia es que tenemos una propuesta que es balanceada, equilibrada, que fortalece la institucionalidad ambiental, la hace estar lista para los desafíos de este siglo. Y, al mismo tiempo, a través de una modernización se hace cargo también del tema de la demora de los tiempos en la cual transcurren para obtener los permisos ambientales. Aquí todos ganan.
- ¿Los parlamentarios coinciden con las propuestas más relevantes de la reforma al SEIA como la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas?
- Sí, diría que hay coincidencias, del Comité de Ministros hay una coincidencia súper transversal. El Comité de Ministros viene después de que ya está la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Es la parte de afuera de la evaluación propia, en la parte de la reclamación, pero es la Coeva es la que finalmente da la RCA. Ahí igual hay dudas de cómo fortalecemos el SEA para que este tránsito de ir eliminando la parte política fortalezca la parte técnica. Ahí hay dudas, pero en todos los elementos que se propone reformar hay hartos que ayudan a fortalecer la parte técnica para que tengamos en el fondo certeza, seguridad de que la evaluación se puede hacer de mejor manera de lo que se está haciendo hoy.
- ¿Y dónde cree que puede estar la mayor dificultad para sacar adelante esta reforma?
- La verdad de las cosas es que, no sé si estoy siendo demasiado optimista, pero en todas las conversaciones que hemos tenido como que todo el mundo queda bastante contento, lo suficientemente contento con algún aspecto como para decir 'sí, esto es bueno. Esto va a ayudar. Esto va a permitir tener un sistema que sea más moderno, más ágil, que dé más certeza'. Recordemos que aquí no solamente se trata de tiempos y de plazos, sino sobre todo lo importante acá es tener certeza, que una vez que uno ingresa a un sistema sabe cómo va a salir y más o menos cuándo va a salir.
- Considerando que se elimina el Comité de Ministros, la Coeva, ¿se elimina totalmente el componente político de las decisiones o el hecho que exista el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del SEA y de la Dirección Regional de alguna manera no lo puede eliminar del todo?
- Ahí han habido siempre algunas preguntas. ¿Qué espacio uno le da como de válvula de escape político? Entonces, por un lado, hay varias medidas dentro del proyecto que fortalecen la evaluación técnica. De esa manera, se le da mayores atribuciones a la rectoría técnica del SEA, pero se crea un comité técnico, en la cual durante la evaluación, no después, pueden ir comentarios de todos los Seremis, pero también de otros jefes de servicio que hayan participado en la evaluación que puedan dar recomendaciones. Pero ese informe no es vinculante. Lo ve el director o la directora regional del SEA, que es el que finalmente da la RCA. Así que se da ese espacio igual para que se puedan incorporar otros aspectos que a veces son difíciles de evaluar técnicamente.
- ¿Cómo se materializa a través de esta propuesta la reducción de la judicialización y la conflictividad?
- Hay varios aspectos. Por un lado, tenemos un sistema de reclamación muy complejo, porque existe la vía administrativa, los tribunales ambientales y además la Corte Suprema ha ofrecido la invalidación. La idea ahora es simplificarla para evitar estos tiempos excesivos. La reclamación administrativa que hasta hoy tenía la última instancia el Comité de Ministros; ahora lo verá el director o directora ejecutiva a nivel central del SEA y se garantiza de que el SEA tenga que cumplir con los plazos.
Se está permitiendo mayor espacio para participación en declaraciones de impacto ambiental (DIA) cuando sea solicitada, pero quitándole una cantidad importante de restricciones que hoy los tribunales ambientales no están acogiendo. También está la participación temprana que la estamos incluyendo en este momento como voluntaria donde se espera tener mejores proyectos y un mejor proyecto también debería tener una tramitación más expedita y reducir la conflictividad socio ambiental.
Hay otro instrumento que también estamos reforzando que ya existe que es la evaluación ambiental estratégica. Esto lo hace a veces el Ministerio de Energía y también el MINVU. Hacemos algunos cambios para que se utilice más y, como un proyecto que pasó por evaluación ambiental estratégica uno diría que ya tiene un sello de calidad, para ese tipo de proyectos se ofrece una disminución de plazo en la evaluación de un 30%.
- Sobre el procedimiento voluntario de participación temprana, ¿por qué será solo voluntario?
- Los grandes proyectos ya lo hacen, pero cada uno lo hace según sus propios criterios. Ahora esto se reglamenta. Aunque sea voluntario esperamos que tenga como un sello de calidad distinto que debiera ayudar después para la etapa también de judicialización, etcétera. Todo el mundo decía 'esto es bueno', pero algunos querían que fuera vinculante, otros querían que no. Entonces, como no encontramos consenso, decidimos dejarlo como voluntaria para generar experiencia en el país. Esto seguro es algo que se podrá revisar unos cuantos años más.
- ¿Qué permite que ahora este proyecto sí pueda tener un mayor avance y se logre discutir, considerando que las iniciativas pasadas ni siquiera llegaron a una instancia de votación?
- Hay un alto nivel de consenso entre todos los actores de lo que finalmente quedó en el proyecto. Entonces, esa transversalidad es la que nos permite -bueno, nunca uno puede tener la seguridad-, pero tener la confianza de que esto se va a poder tramitar. Además, esto ahora es parte del pacto fiscal y ahí hay un foco de que esto sin bajar los estándares medioambientales ayude a que los procesos de evaluación para proyectos de inversión mejoren. Y la verdad de las cosas es que con los cambios que se están proponiendo, tenemos un cálculo que obviamente igual uno nunca lo puede asegurar, pero mirando los datos de las cosas que han ocurrido en los últimos años podemos disminuir como en un tercio el tiempo de la tramitación. Esa es nuestra meta y nuestra esperanza que así sea.
- El Gobierno tiene el diagnóstico que las consultas de pertinencia no deberían seguir existiendo al no agregar un valor especial, pero se iba a definir que no fuese una instancia administrativa la que decidiera finalmente si se toma una DIA o un EIA, ¿cómo eso se aclara en el proyecto de ley?
- El año pasado, más o menos ingresaron 600 proyectos para evaluación y el SEA tuvo que tramitar como 2.700 consultas de pertinencia. En estos momentos, el SEA le está dedicando más tiempo a resolver consultas de pertinencia que a evaluación de proyectos. Y no se demora poco tiempo: en promedio estamos hablando de 180 días. Y hay un subconjunto en que 35% de esas consultas se refieren a proyectos existentes donde hay una modificación. El SEA está gastando una cantidad muy importante de recurso humano al fin y al cabo a mirar estas consultas de pertinencia, con muy poco valor agregado en temas medioambiental, porque al 98% en el caso de este subconjunto que tiene que ver con las modificaciones le dice el SEA que no tiene que ingresar al sistema. Por lo tanto, para esos casos estamos proponiendo que esto se reemplace por una declaración jurada, que sea el propio titular el que haga su evaluación. Esa declaración queda en el expediente y puede ser fiscalizable por la Superintendencia.
- ¿Hay alguna posibilidad con las conversaciones que han tenido con los parlamentarios de ponerle una urgencia especial a la reforma del SEIA una vez que esté ingresada?
- Definitivamente, este es un proyecto que es relevante y, por lo tanto, bueno, eso se verá después con la Segpres en el Congreso. Pero la intención es que esto se discuta, se discuta bien, que se mejore todo lo que se tenga que mejorar, pero con un cierto nivel de sensación de urgencia.
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