Fernando Villarroel, gerente general de Mowi Chile: “Nos vamos a demorar un tiempo en cambiar la percepción que había de la industria salmonera”

Desde 2017, Fernando Villarroel ha ocupado el cargo de gerente general de la noruega Mowi en Chile, la salmonera más grande del mundo, antes llamada Marine Harvest.

En ese período, además de enfrentar las turbulencias de la pandemia, le ha tocado desenvolverse en una industria en permanente roce con organizaciones ambientalistas y que se ha convertido en el foco de las fiscalizaciones de autoridades. Un panorama que tuvo su punto álgido a mediados de 2023, cuando se votó la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En esa votación, tras movilizaciones masivas de trabajadores en el sur, un empate en el Congreso salvó a la salmonicultura de ser removida de reservas nacionales y forestales, zonas que, en ese momento, concentraban alrededor del 60% de las concesiones operativas.

Desde el Gobierno “hay un cambio en 180° respecto a cómo están abordando y entendiendo la acuicultura en el país y la importancia que tiene para la zona sur”.

“La industria ha pasado por un período de situaciones complejas, por casos específicos, pero, en general, yo creo que ha progresado mucho. El tema del cumplimiento ambiental se está tomando muy en serio”, dice Villarroel en conversación con DF. “En general, la evolución que ha tenido la industria en los últimos cinco años ha sido bastante dramática, hacia una posición bastante más positiva que la que teníamos”.

No obstante, el ejecutivo admite que “obviamente nos vamos a demorar un tiempo en cambiar la percepción que había de la industria, respecto al bajo cumplimiento ambiental. Pero hoy día somos una de las industrias más reguladas (...) por Sernapesca, la SMA, Fuerzas Armadas. Tenemos mucha fiscalización”.

Villarroel, que hizo carrera en la industria acuícola internacional, en Escocia y Canadá, plantea que la preocupación ambiental es una ola que hoy llega a Chile, pero que ya había ocurrido en otros países. Sin embargo, sí lamenta que, a su parecer, en otras latitudes esto se revisó desde un punto de vista científico y académico, mientras que acá, “ha habido una reacción de las autoridades bastante más política”.

- ¿A qué atribuye eso?

- Yo creo que es un tema técnico, la regulación es muy joven (en referencia al nacimiento de la SMA en 2010). En países como Canadá o Escocia, ya existía una regulación (...) y más entendimiento del balance con el desarrollo económico y social. Todas las industrias tienen un impacto, pero hay que minimizarlo y manejarlo.

Salmones y política

Villarroel da cuenta de que la industria ha debido actuar con más “intensidad” a nivel gremial y con asociaciones sindicales y de proveedores. “Ellos son un actor importante, con cualquier impacto negativo en la acuicultura, los primeros afectados van a ser los trabjadores”, ejemplifica.

- ¿La industria busca dar un mensaje de su arraigo local con el sur del país?

- No sé si un mensaje, pero lo que hemos tratado de mostrar es el impacto del encadenamiento productivo de la acuicultura en la zona sur austral  (...) En esta región (Aysén) el PIB que representa la acuicultura es más del 30%. En Magallanes, sobre el 25%, y en Los Lagos, más del 10%.

- ¿Y cómo ha evolucionado la relación con este Gobierno, que partió muy contrario a las salmoneras?

- Si nos vamos dos años atrás, hay un cambio en 180° respecto a cómo están abordando y entendiendo la acuicultura en el país y la importancia que tiene para la zona sur. Yo creo que no hay duda de eso, que han entendido que ciertas medidas que pensaban tomar podían tener un impacto muy fuerte en las comunidades.

- Se dice que la industria está estancada, ¿hay espacio para crecer en Chile?

- No es infinito, pero sí hay. Si nosotros pudiéramos empezar a reactivar las relocalizaciones, hay una oportunidad importante de crecer de manera ordenada y sustentable en el largo plazo.

- ¿Y qué falta para eso?

- Yo creo que falta voluntad política y, también, hay harto de lo que llaman tramitología (...) hay una cantidad de documentación, pruebas, análisis, mucho mayor que lo que ocurría antes, lo cual no está mal, pero toma tiempo. Probablemente se necesitan más recursos del Estado para abordar esa carga de trabajo y una política que lo incentive.