La liquidadora de Claro, Vicuña, Valenzuela, María Loreto Ried, anunció que se continuará parcial y provisoriamente con las actividades económicas de la compañía, lo que incluye la ejecución de obras menores de construcción, incluso con la contratación de terceros.
Ried informó a la justicia que se decidió llevar a cabo las diligencias y trámites pertinentes, ante los mandantes de las distintas obras que mantenía la empresa deudora, y otras instituciones que corresponda, procurando lograr el mejor término a cada uno de los contratos en cuestión.
Esto, dijo, considera la ejecución de obras menores de construcción, incluyendo la eventual contratación de terceros para ello, y que se empleará a seis personas para llevar a cabo las funciones antes señaladas.
“La decisión de continuar en forma provisoria y parcial las actividades económicas de la empresa deudora, se tomó con miras de facilitar la recuperación de valores para la masa de acreedores, por medio del cumplimiento de las laborales referidas precedentemente”, afirmó Ried.
Aseguró que tanto los trámites administrativos que se lleven a cabo, como la ejecución de diversas terminaciones constructivas de menor entidad, que puedan necesitarte, se traducirán en recupero de estados de pago pendientes, devolución de retenciones y evitar, en los casos en que sea procedente, el cobro de las garantías rendidas por la empresa. “Significando todo lo anterior, un importante beneficio para los acreedores del procedimiento”, dijo la liquidadora.
Las boletas
La semana pasada, la jueza Cecilia Castro, del 9º Juzgado Civil de Santiago, acogió la petición de la liquidadora de la constructora de paralizar el pago de boletas y pólizas de garantía a favor de organismos públicos y compañías privadas, las que cuantificó en US$ 83 millones.
Ried presentó un escrito a la justicia el 23 de noviembre, en que pidió suspender el pago de los mencionados documentos a favor de 39 entidades, públicas y privadas. En la lista figuran Aguas Andinas, Esval, Celulosa Arauco y Constitución, Comando Bienestar del Ejército, CGE, Minera Centinela, además de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Dirección Nacional de Vialidad (MOP), y varias gobernaciones regionales, Seremis y Serviu del país, entre otras instituciones.
“Los servicios y organismos públicos y privados antes mencionados, cuentan con millonarias boletas y pólizas de garantía cuyo objetivo es precisamente caucionar el cumplimiento de las obligaciones de hacer, asumidas por la empresa en liquidación, cuyo cobro podrían pretender en el futuro inmediato, aún antes de la liquidación de los contratos de obra mencionados”, sostuvo Ried.
Añadió que, mientras no se liquiden los contratos, o no se tenga certeza respecto a la situación real de cada una de las obras que tienen asociadas estos documentos, el cobro de los mismos pasaría a ser un caso de una posible autotutela.
“La garantía no puede constituir jamás ocasión de lucro para el beneficiario, que es precisamente lo que ocurriría si los organismos públicos no restituyeran esas sumas a mi representada, atendida su naturaleza de caución, y no de sanción”, señaló la abogada.
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