El quinto reporte del Consejo de Políticas de Infraestructura 2005-2022 reveló un desalentador panorama: el presupuesto destinado a la inversión sectorial de uso público registró una baja histórica, tanto si se mide en dólares como en porcentaje del PIB.
Según el análisis, uno de los motivos fundamentales de este retroceso es la tendencia a la baja en la inversión del Gobierno central en infraestructura pública en los últimos años. Detalla que en 2022 ese factor representó el 2% del PIB, mientras que en 2009 las cifras comprometidas en este ítem ascendían al 3,1%.
Desde el CPI indicaron que los datos “preocupan” si el objetivo es dinamizar el crecimiento del país, por lo que las cifras estarían siendo clave para la discusión de la Ley de Presupuesto que se inicia en octubre en el Congreso.
“En la medida que el PIB crece y la inversión pública permanece estancada, como porcentaje del Producto, la contribución del Estado al desarrollo de la infraestructura pública disminuye en términos relativos lo que limita las posibilidades de mejorar la competitividad de la economía y la calidad de vida de las personas”, destacó Luis Eduardo Escobar, economista asesor del CPI y encargado del estudio.
En la misma línea, Escobar detalló que la disminución entre 2008-2009 y 2021-2022 es equivalente a un punto porcentual del PIB, lo que significa unos US$ 3 mil millones anuales menos de inversión en infraestructura. El estudio también indica que los ministerios que más invierten son Obras Públicas, que representa un 38% del total en este ítem; Salud con el 15% e Interior (sin Subdere) representa el 14% del total.
Otro dato que señala el estudio es que el Gobierno Central entre 2008 a 2022 ha sido el que invirtió la mayor parte de los recursos en infraestructura pública, con un total de US$ 92 mil millones, seguido por las empresas privadas con US$ 63.819. Específicamente, el sector privado correspondiente a energía acumula las mayores inversiones entre 2008 a 2022, seguido por el ámbito de las telecomunicaciones.
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Comportamiento de las concesiones
En el estudio también se analizó la relevancia que han tenido las concesiones en la inversión en infraestructura. Durante el período 2005-2022 aportaron en promedio un 0,3% del PIB al esfuerzo de inversión nacional, de forma que la inversión total del Gobierno más concesiones registró un promedio de 2,8% del PIB.
“Después de 2009, las cifras de inversión con relación al PIB cayeron, a pesar de registrar un aumento en términos absolutos. Es decir, los aumentos en inversión fueron menores que el aumento del PIB durante esos años. Un fenómeno similar se registra a partir de 2015 pero de forma más aguda ya que la disminución de la inversión ha sido de mayor duración y su nivel ha disminuido tanto en montos absolutos como relativos al PIB, cayendo esta relación al mínimo del período en el 2022, año de un gran ajuste en el gasto público”, detalló Escobar.
El economista añade que, a diferencia de los gobiernos de Frei y Lagos, las últimas cuatro administraciones no parecen haber tenido la convicción política que las concesiones pueden ser un instrumento poderoso para aumentar la inversión en infraestructura, ya que desde 2006, tanto gobiernos de derecha como de izquierda no han elevado significativamente los montos invertidos con relación al PIB, ni han compensado la disminución en la inversión del Gobierno Central mediante mayor inversión por medio de concesiones.
El año pasado, en tanto, los niveles de inversión cayeron en términos absolutos en US$1.416 millones y con relación al PIB, de 2,5% a 2,2%. “Este nivel de inversión es similar, en términos nominales, a lo registrado en 2010, es decir, hace más de una década. Hay que considerar que en 2022 se ejecutó un importante ajuste del gasto fiscal, que disminuyó en 27% en términos reales lo que, como vemos, también afectó adversamente a la inversión pública en infraestructura”, afirma Escobar.
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Propuestas del CPI
En su informe el CPI remarcó que es necesario pensar a largo plazo respecto de las necesidades futuras y la secuencia en que se ejecutarán las inversiones de forma de minimizar las demoras y asegurar su pertinencia.
La institución planteó dos propuestas claves que pueden ayudar en este tema. La primera es instalar un Consejo Asesor Presidencial que colabore en la elaboración de anteproyectos que el país necesita ejecutar en el plazo de una o dos décadas. La idea es identificar futuros cuellos de botellas o restricciones que afectarán la productividad o las posibilidades de crecimiento futuro de modo de poder resolverlos con la debida antelación.
Una segunda línea de acción es revisar la “tramitología”; esto es, los procesos administrativos necesarios para que un proyecto se pueda ejecutar, especialmente los procedimientos de aprobación ambiental.
Por último, este año, el tema de las “fundaciones” ha puesto en el debate el ítem “transferencias de capital”, al detectarse casos de aparentes irregularidades. En los informes de años anteriores el CPI ha planteado insistentemente la necesidad de mejorar la calidad de lo que se registra como transferencias de capital debido a que una revisión de los gastos incluidos en este subtítulo deja en evidencia que un alto porcentaje de estas no tienen como destino inversión en capital fijo.
“Mejorar la calidad de los datos por parte del Estado es clave para mejorar la fiscalización, de modo de focalizar eficientemente los recursos para la inversión”, concluyó Escobar.
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