Tenso. Así fue el clima que primó durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, la que fue convocada con el ánimo de conocer las razones y el contenido de la reunión, “al parecer de carácter privado”, con empresarios vinculados a la industria del salmón, lo que se conoció por la prensa y no porque fueran registradas por Ley de Lobby, lo que provocó un remezón en el mundo político y especialmente en La Moneda, pese al respaldo que le dio el presidente Gabriel Boric a esta y todas las citas del mismo carácter en las que participaron seis de sus ministros, todos ellos oficiados por la Contraloría a raíz de este caso.
Para aclarar este encuentro en particular, la comisión citó a dos de sus protagonistas, los ministros de Economía y de Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, respectivamente. El primero, al tomar la palabra, dio a conocer hechos ya difundidos públicamente, como el que fue invitado por el lobista Pablo Zalaquett “para efectos de conversar y tener una mirada de largo plazo, en lo que se refiere a la industria de la salmonicultura”, y aseguró que el tema de la Ley de Pesca no se abordó.
“Nuestro Gobierno se equivocó en esto. Efectivamente, hay que dialogar hasta que duela, pero en base a las reglas”, dijo el socialista Daniel Melo.
Tras ello, agregó, que los representantes de la industria hicieron sus comentarios y expresaron también su visión de largo plazo sobre el tema, lo que a juicio del ministro da cuenta de la razón por la cual estima que no fue una reunión de lobby, ya que en ese tipo de encuentros, son los interesados los que inician el diálogo. Y recalcó que a juicio del Gobierno una interpretación correcta de una reunión como la que está siendo cuestionada, “implica que no debe ser registrada por Ley de Lobby, porque no fue solicitada ni se conversó sobre una ley en concreto”.
Rojas, por su parte, señaló que asistió a la cita con el fin de distender la relación con la industria, que se había tensado a raíz de algunos proyectos, y que la conversación se centró en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.
Sin embargo, los dardos de los diputados, especialmente de oposición, estuvieron enfocados en el ministro Grau. Por su parte, el diputado UDI Eduardo Cornejo les atribuyó responsabilidad en generar “un problema que tiene que ver con la fe pública” en un momento en que la actividad política pasa por un episodio de desprestigio ante la ciudadanía, ya que tras la reunión privada, el Ministerio de Economía destacó en su página web: “Gobierno sella compromiso con Aqua Chile y Cooke Aquaculture para relocalizar nueve concesiones acuícolas”, leyó el diputado, añadiendo que ello extiende “un manto de dudas” sobre este tipo de reuniones.
Más duro, si se puede, fue el oficialista Félix González (Ecologista Verde), quien hizo ver que estas reuniones se producen en un contexto de hechos de corrupción –aludiendo a situaciones como el caso convenios– y enfatizó que este tipo de situaciones “rompe las confianzas” –algo que después de él reiteraron varios diputados transversalmente– y llegó al punto de sostener que “la situación en que estamos es que se están comprando políticos. Esa es nuestra realidad”. Acto seguido el diputado Francisco Pulgar (exPDG) acusó que “en forma y fondo esto es lobby”.
Bombardeo a Grau
Todas estas críticas concluían con preguntas dirigidas a Grau, quien debió reiterar en sucesivas ocasiones cosas tales como quiénes fueron los empresarios que participaron en el encuentro –Sady Delgado y José Guzmán Vial, de Aqua Chile; José Ramón Gutiérrez y Cristián Sweet, de Multiexport; y Rodrigo Sarquis y Andrés Santa Cruz, de Blumar– (información que ya había sido publicada por distintos medios); agregando que, a su juicio, la reunión no ameritaba ser registrada bajo la Ley de Lobby porque los ministros no actuaron como “sujeto pasivo”. No obstante, también aprovechó para sostener que si hubiera conocido la lista de los invitados no habría asistido.
A su turno, el socialista Daniel Melo manifestó que “nuestro Gobierno se equivocó en esto. Efectivamente hay que dialogar hasta que duela, pero en base a las reglas”. Lo que refutó con fuerza el republicano José Meza, retrucando que “este no fue un error garrafal. Aquí se incumplió una ley de la República y las explicaciones no son atingentes. Aquí hay infracción a la ley”, subrayó.
Mientras que para el jefe de la bancada socialista Daniel Manouchehri, “aquí estamos en presencia de un tremendo error político” y manifestó su preocupación respecto de que este debate está afectando la tramitación de la nueva Ley de Pesca, porque se está haciendo un paralelo con la que se busca reemplazar. Ello, pese a que debido a los hechos de corrupción que se produjeron en el trámite de la actual, “hay gente detenida”.
Mucho más moderado resultaron los comentarios de Jaime Araya (indep.-PPD), quien advirtió que “hay un estándar legal que hoy estaría es discusión, por lo que uno de los aprendizajes es que hay que cambiar la normativa”. Tras lo cual defendió la labor realizada por Rojas en Medio Ambiente.
Como corolario, la oficialista presidenta de la comisión, Clara Sagardia, señaló que lo ocurrido fue un error, la Ley de Lobby se debe modernizar y que “se ha hecho un enorme daño a la fe pública”.
“Es el mecanismo normal”
Luego que este martes se conociera que el pasado viernes 5 de enero, la Contraloría ofició a los seis ministros que asistieron a distintas reuniones con empresarios en la casa del lobista Pablo Zalaquett -Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Cancillería) y Esteban Valenzuela (Agricultura)-, el ministro de Justicia Luis Cordero se refirió este miércoles al tema.
La autoridad explicó que el accionar de la Contraloría es el mecanismo normal cada vez que se realiza una presentación y “está obligada a dar traslado a quien se está refiriendo, para efectos del dictamen. Ha requerido informe y ha dado 10 días hábiles a los ministros para responder y eso es lo que va a hacer el Ejecutivo como normalmente sucede”. Y aclaró que lo que requirió Contraloría es información.
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