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Alcalde Daniel Jadue queda en prisión preventiva por posibles delitos de corrupción

La defensa del edil de Recoleta apelará a la medida, argumentando que su defendido no representa un peligro para la sociedad, como lo señaló el tribunal. Jadue señaló por redes sociales que “es una medida desproporcionada”.

Por: Rodolfo Carrasco | Publicado: Lunes 3 de junio de 2024 a las 11:12 hrs.
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Foto: Agencia Uno
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La medida cautelar de prisión preventiva fue dictada hoy en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es imputado por varios delitos de corrupción como estafa, administración desleal, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal en el llamado caso farmacias populares.

Los presuntos delitos se refieren a compras de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde Jadue era presidente del directorio, con la empresa proveedora Best Quality, que acusa que no se pagó la totalidad de los dineros acordados y se querelló contra el edil por estafa en el año 2020.

Luego de tres jornadas de formalización, la jueza Paulina Moya dictó las cautelares en esta mañana de lunes. Antes de informar la resolución, precisó que “este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión” y que “las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables sin considerar factores extralegales”.

“Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión”, dijo la jueza Paulina Moya.

La jueza, al momento de leer la medida cautelar decretada, indicó que “considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, se decretó prisión preventiva” para Daniel Jadue, quien fue de inmediato trasladado al anexo penitenciario Capitán Yáber, recinto en que cumplirá la medida cautelar.

En tanto, José Muñoz, quien fuera encargado de ventas de Achifarp en momentos en que se investigan los hechos -julio y noviembre del 2020- también quedó con prisión preventiva, mientras que el médico Eduardo Sendra, funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.

A minutos de ser trasladado a la cárcel, Jadue señaló que “me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!”.

Mientras que el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sostuvo luego de conocer la decisión del tribunal que “esto no es una sentencia, es una medida cautelar”, reconociendo que “esta no era mi expectativa” sobre las medidas cautelares.

Fiscal Armendáriz: "La persecución es seria y responsable"

El fiscal regional Centro Norte y persecutor del caso, Xavier Armendáriz, señaló que “hemos llevado adelante una persecución seria y responsable” y descartó persecución política en el caso señalando que “la señora magistrado dejó expresa constancia al iniciar su resolución que elementos de esa naturaleza no son tomados en cuenta, porque en Chile existe igualdad ante la ley”.

Y agregó que “el Ministerio Público, la Fiscalía Centro Norte y yo en lo personal creo que eso es absolutamente así. El Ministerio Público imputa sobre la base de antecedentes; no teniendo presente quién o qué característica tiene o ideología, qué trabajo o a qué institución pertenece; nuestra función es proteger el Estado de Derecho respecto de lo que es persecución penal y me gustaría que hubiera comprensión en eso.”

Mientras que el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, anunció que acudirá a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva. El plazo investigativo decretado por el tribunal para la causa es de 120 días.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “como Poder Ejecutivo respetamos la autonomía del Poder Judicial, los partidos y parlamentarios han jugado distintos roles. Pero hemos tenido varios alcaldes que se les ha decretado prisión preventiva y, en todos los casos, hemos señalado que respetamos la labor de la justicia; y así vamos a seguir hasta el final”.

Agregó que “el llamado es a respetar el trabajo de las instituciones, porque independiente de la posición, son los tribunales los que determinan si hay delitos y cuáles son las responsabilidades penales. La justicia y tribunales tienen la última palabra”.

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