Con especial atención están monitoreando al interior de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) el proyecto de reconstrucción misceláneo que ingresó este miércoles el Gobierno al Congreso y que, dentro de varias medidas, incluye dos cambios significativos para los trabajadores estatales.
¿La razón? Entre los funcionarios públicos están a la espera de mayores detalles que le den certeza de que los cambios en cuestión no debilitarán el empleo público.
Y es que si bien al interior de la ANEF ven con buenos ojos la decisión del Ejecutivo de incrementar el cupo máximo de beneficiarios del incentivo al retiro establecido en la Ley Nº 20.948, elevando el guarismo de 2.200 a 6.000 cupos, esperan que eso no se traduzca en una reducción de plazas laborales.
“Esto tiene un lado positivo, porque esto es una conquista sindical, pero para nosotros también enciende una alerta. ¿Hay reposición de personal? Nosotros queremos proteger la función pública, queremos asegurar la provisión de los servicios y no debilitar al Estado. Entonces, así como hay salidas de funcionarios, se debieran abrir cupos, y generar una oportunidad de trabajo para la juventud de nuestro país, para que quieran ingresar a trabajar en el Estado de Chile”, dijo el presidente de la ANEF, José Pérez.
Una información que creen es crucial, más al considerar que esta propuesta se da en un escenario en el cual el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó a los ministerios reducir el gasto en un 3%.
“Ese detalle no lo tenemos. Esa precisión es necesaria y esperamos que el Ejecutivo converse con nosotros”, dijo el dirigente.
El otro tema que monitorean con atención son los cambios relacionados a las licencias médicas.
En este punto, el proyecto misceláneo establece que toda persona que ejerza funciones en la administración del Estado y que incurra en el uso indebido, falsificación o incumplimiento del reposo de una licencia médica, será sancionada con la destitución, despido o el cese inmediato de su cargo, dependiendo del régimen aplicable, por constituir una vulneración grave al principio de probidad.
Una disposición que permitiría reducir el gasto en suplencias y reemplazos en un 10%, e implicará un menor gasto fiscal de $ 44.891 millones anuales.
Sobre esta materia, Pérez reconoció que lo miran con preocupación, y recalcó que las investigaciones en torno a esto se deben realizar bajo el debido proceso, y caso a caso.
Con todo, desde la ANEF están desplegando reuniones y citas con diversas actividades para abordar estos tópicos.
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