Las 10 propuestas para impulsar la inversión y el crecimiento en la reforma tributaria que le enviaron los contadores a Hacienda

El gobierno se encuentra inmerso en un proceso de negociación con parlamentarios para consensuar modificaciones a la reforma tributaria, las que se ingresarán a la comisión de Hacienda de la Cámara después del plebiscito del 4 de septiembre.

Durante este proceso, son varios los actores que buscan incidir en la discusión con sus propias sugerencias de modificaciones. Uno de ellos es el Colegio de Contadores, que le presentó al Ministerio de Hacienda un documento con diez sugerencias de ajustes a la propuesta legal, con foco en incentivar el crecimiento económico, el ahorro y la inversión.

El Ejecutivo está negociando con parlamentarios presentar indicaciones a la reforma, lo que ocurrirá con posterioridad al plebiscito.

El primer punto se refiere al impuesto al patrimonio, planteando la necesidad de incluir "rebajas" en la base imponible del gravamen y que no afecte a los "activos productivos o aquellos que se encuentren invertidos en el mercado de capitales a nivel local", ya que -dice el documento- este tributo afecta "directamente" la rentabilidad de dichos activos invertidos.

"En efecto dependiendo de la rentabilidad de los activos, el impuesto al patrimonio puede incorporar una pesada carga que puede llegar a una tasa integrada de impuesto corporativo, más impuesto dividendo e impuesto al patrimonio, superior al 70%, que es un desincentivo al ahorro y la inversión", agregan los contadores.

Una segunda idea es incorporar ajustes a la tasa integrada del impuesto corporativo, más impuesto al dividendo e impuesto al patrimonio, para que no pueda superar el 50% de la utilidad o retorno del patrimonio de cada periodo, "de modo que no pase a límites expropiatorios". También, sugieren no aplicar la tasa en caso de que el patrimonio esté generando rendimientos decrecientes, "ya que de lo contrario sería castigar doblemente los activos invertidos".

En tercer lugar, el colegio pone la lupa el impuesto de 1,8% a las utilidades retenidas en sociedades de inversión pasivas, proponiendo que no aplique a compañías cuyos flujos estén vinculados en más del 50% con sociedades operativas.

"En efecto muchas de estas sociedades se han creado por objetivos de protección patrimonial y de negocio, para prestar servicios de arrendamientos de inmueble o de financiamiento a sociedades operativas vinculadas. Afectar con este impuesto a sociedades de inversión vinculadas con sociedades operativas es afectar indirectamente a estas últimas, con el efecto negativo en el ahorro y la inversión, ya que el fondo para financiar el impuesto se genera en las sociedades operativas", explica la propuesta de la orden profesional.

El impuesto a las ganancias de capital para operaciones bursátiles líquidas también es foco de ajustes para los contadores, ya que se aumenta desde 10% a 22%, lo que "resta competitividad a nuestro sistema tributario, ya que es una tasa superior al promedio de la OCDE (que es 19%)".

"Constituye un cambio que no ayuda a dar incentivos al ahorro y inversión, proponemos que la tasa no sobrepase el promedio OCDE de 19%. Además, proponemos que cuando la inversión se mantenga por más de un año se aplique la tasa de 10% vigente actualmente, lo que permite competir por atraer inversión con países emergentes como Chile", dice la propuesta.

Incentivos al crecimiento y a gastos familiares

Los contadores proponen mantener la depreciación instantánea para grandes empresas, en un 50% de la inversión en activos fijos depreciables en los años 2023 y 2024, de modo "dar gradualidad" al beneficio y que solo se vuelva a las condiciones de depreciación normal en 2025, "cuando las condiciones económicas del país lo permitan".

El colegio, en un sexto punto de su propuesta, plantea realizar ajustes a las restricciones al uso del gasto aceptado y las pérdidas tributarias de arrastre.

"Se deben eliminar los cambios introducidos en el proyecto en términos de limitar el uso de gasto incorporando la correlación entre ingresos a gastos, que se contrapone a la aptitud para generar renta. Además, es importante eliminar las restricciones al uso de pérdidas tributarias de arrastre, más considerando que muchas empresas vienen saliendo de un periodo de crisis financiera por el COVID-19", complementan.

En un séptimo punto, apuntan a modificar la estructura del nuevo royalty a la minería, que se tramita en el Senado en paralelo a la reforma tributaria. "Se deben realizar ajuste al royalty para establecer tasas competitivas a nivel internacional, que no dañen la principal industria del país", dicen, cuya tasa "debe establecerse con una mirada integral de la ley del mineral, costo de producción, competitividad de la industria en general, de modo que un royalty excesivo no se transforme en una traba".

A nivel de competitividad del sistema, apuntan a potenciar el capital humano a través de mayores exenciones en beneficio de las personas.

En el mundo, dice el análisis de los contadores, el gasto tributario (exenciones tributarias) es en promedio 5% del PIB, con un 6% en países como Canadá y 8 % en Australia. "Chile ha eliminado beneficios directos a las familias y ya su gasto tributario es 1,5% del PIB y se busca seguir reduciendo", critican.

Así, proponen créditos tributarios directos a profesionales que busquen realizar estudios de postgrado nacional o internacional con sus propios recursos, que se considere la inversión como gasto aceptado en su impuesto global complementario cuando los estudios de post grado los realice en instituciones reconocidas por el Estado.

Los últimos dos puntos se relacionan con la transparencia y confianza en el sistema tributario. Así, los contadores piden fortalecer la Defensoría Nacional del Contribuyente (Denacon), "tanto en recursos como en atribuciones, de modo exista un equilibrio entre las mayores atribuciones de la autoridad fiscal y los derechos de los contribuyentes".

Asimismo, solicitan aumentar la transparencia y gestión en puntos clave, como la evasión fiscal, y que a nivel del Estado y sus instituciones se publiquen sus estados financieros, sus indicadores financieros, y metodologías y formatos estándar "que permitan a la ciudadanía comparar la gestión y evaluar la transparencia en el uso de los recursos públicos".