En medio de un déficit fiscal que ha alcanzado sus peores cifras en los últimos años, Colombia suma otro episodio que presiona sus cuentas nacionales. Un comité ad hoc constituido bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) levantó la suspensión del laudo que ordena al Estado colombiano pagar a Telefónica más de US$ 570 millones, incluidos intereses y costos procesales.
La decisión reactiva el cobro a favor de la compañía española, luego de que el organismo rechazara mantener la suspensión provisional solicitada por el gobierno colombiano durante el proceso de anulación del fallo arbitral.
El monto incluye la devolución de US$ 379,8 millones pagados por Telefónica hace nueve años tras un fallo local adverso, además de intereses anuales de 5% acumulados desde 2018.
Y es que el tribunal determinó que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un “trato justo y equitativo” a las inversiones del gigante español, transgrediendo el acuerdo bilateral de protección de inversiones suscrito con España en 2005.
Según medios locales, la suspensión fue levantada luego de que la nación cafetera no presentara una garantía bancaria por el total de la condena dentro del plazo de 30 días fijado por el comité del Ciadi, requisito necesario para mantener congelada provisionalmente la ejecución del cobro.
Colombia mantiene pendiente el recurso de nulidad que interpuso contra la decisión adoptada por el Ciadi hace dos años. Como parte de ese proceso, el 3 y 4 de junio se realizará la audiencia final, instancia en la que el comité escuchará a las partes antes de resolver la solicitud de anulación.
Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que agotará todas las vías jurídicas disponibles para intentar frenar la ejecución del laudo. En un comunicado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) afirmó que continuará defendiendo “con firmeza los intereses de la Nación” y que recurrirá a todos los mecanismos legales disponibles.
El fallo judicial se da meses después de que Telefónica anunciara la venta del 67,5% de las acciones de su filial colombiana a Millicom por US$ 214 millones, cifra que se ubicó por debajo de los US$ 400 millones que se habían estimado inicialmente.
El 32,5% restante quedó en manos del Gobierno colombiano, que mantuvo así una participación relevante en la compañía.
¿Cuándo empezó el conflicto?
El origen del caso se remonta a los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994.
Esos documentos incluían una cláusula de “reversión de activos”, que obligaba a las operadoras a transferir al Estado toda la infraestructura utilizada para prestar el servicio -como antenas, redes y estaciones base- al término de la concesión.
Aunque leyes posteriores modificaron esa obligación, un fallo judicial de 2013 reactivó la aplicación de la norma original para esos contratos, al considerar que debían regirse por las condiciones vigentes al momento de su firma.
En 2017, un tribunal de arbitramento nacional con sede en Bogotá ordenó a ColTel, filial de Telefónica, y a Claro, controlada por América Móvil, pagar millonarias sumas por dichos activos.
En el caso de ColTel -que participada entonces en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el Estado colombiano- la condena ascendió a unos US$ 530 millones de la época. La empresa española debió realizar una ampliación de capital en su filial para cubrir parte de ese monto.
Frente a ello, Telefónica inició en 2018 un arbitraje internacional ante el Ciadi, argumentando que Colombia modificó arbitrariamente las reglas del juego y vulneró la seguridad jurídica.
Posteriormente, el tribunal emitió a fines de 2024 un laudo favorable a la compañía. Dos semanas más tarde, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) solicitó su anulación por presuntos excesos en las facultades arbitrales y pidió suspender sus efectos mientras se resolvía ese recurso.