Aunque recién el 12 de marzo se inicia el periodo de propaganda electoral, según el calendario del Servicio Electoral (Servel), los candidatos a la Convención Constitucional que fueron ratificados por el organismo ya se encuentran desplegados en todo el país, haciendo campaña en sus respectivos distritos. De hecho, la semana pasada el exsenador Felipe Harboe y los exdiputados Renato Garín y Hugo Gutiérrez se despidieron oficialmente del Congreso para abocarse a sus candidaturas a constituyentes.
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Otro hito que marcó la semana fue la aprobación en la Cámara Baja, en su primer trámite, del proyecto que permite el voto anticipado, aun cuando se hizo con diferencias entre el Ejecutivo y los diputados patrocinantes, entre otras, en relación a con cuánta anticipación tendrían que sufragar y quiénes por distintas razones contempladas en la iniciativa, debieran hacerlo.
Asimismo, la semana estuvo marcada por el reclamo que, a través de una carta que entregaron al organismo, grupos feministas que acusaron al Servel de cometer errores en la interpretación de la normativa que rige la paridad en las elecciones.
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Casualmente, en la serie de esta semana presentamos las definiciones de dos mujeres que aspiran a ser partícipes directas en la elaboración de la nueva Constitución, Macarena Lobos y Alejandra Sepúlveda, junto con Francisco Moreno.
Macarena Lobos (Indep.), exsubsecretaria de Hacienda: Lista Independientes No Neutrales, distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago)
- Derecho de propiedad: La nueva Constitución debe garantizar el derecho de propiedad, como ocurre en la gran mayoría de las constituciones del mundo, pero armonizando su ejercicio con las necesidades generales de la sociedad. Deben reforzarse, mediante regulación de carácter legal, las limitaciones a las que ésta puede someterse para cumplir su función social y de bien común. Igualmente, debe garantizarse que sólo procederá la expropiación mediante una ley, por razones de utilidad pública o de interés nacional, con la debida indemnización. Mención especial merece el agua, cuyo carácter de bien nacional de uso público debiera ratificarse, asegurando la preeminencia del consumo humano y resguardo ecológico de las cuencas y llevando a una regulación de carácter legal todo lo relativo al procedimiento de constitución, reconocimiento, limitaciones a su ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a los particulares sobre su uso.
- Medio ambiente: La grave crisis que experimentamos a nivel planetario en el ámbito medio ambiental impone un imperativo y categórico en orden a que la nueva Constitución tenga como eje estructurante la protección del medio ambiente y conservación de nuestra biodiversidad, que permita adoptar estrategias de desarrollo no lesivas con el medio ambiente en la lógica de solidaridad intra e intergeneracional. Ello supone reconocer derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia medio ambiental, así como de progresividad y no regresión en los estándares ambientales.
- Seguridad social: Dentro del necesario reconocimiento y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, resulta clave que nuestra Carta Fundamental fije las bases para contar con un verdadero sistema de seguridad social que permita, a través de prestaciones universales y suficientes, hacer frente de manera colectiva, y sobre la base del principio de solidaridad, a las diversas contingencias a las que se ve enfrentada la ciudadanía a lo largo de su ciclo vital: enfermedad, desempleo y vejez, generando las condiciones necesarias para una vida digna.
- Derechos laborales: En materia de protección de derechos laborales debemos transitar de la garantía del acceso al trabajo a una protección al trabajo digno que, a través de la regulación legal, afronte multidimensionalmente los diversos desafíos que presenta el mercado del trabajo y que, a título ejemplar, se relacionan con las desigualdades estructurales del mismo (género, edad, territorio, etnia), la alta informalidad y precariedad, los acuciantes cambios tecnológicos, la necesidad de implementar políticas integrales de cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico; y el adecuado reconocimiento de los derechos colectivos del trabajo (sindicalización, huelga, mayor participación).
- Reforma tributaria: La coyuntura económica en que nos encontramos, agravada por la pandemia, sumada a elementos propios de la estructura demográfica, ponen de relieve la gran presión fiscal que existirá para satisfacer los requerimientos en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Es por ello, que el pacto social no se agota en el pacto constitucional y, en ese sentido, resultará igualmente indispensable abordar un nuevo pacto fiscal que garantice, de un lado, mayores ingresos permanentes y, del otro, asegure una estructura tributaria más progresiva, que permita garantizar la sostenibilidad de estos derechos, entendida como su adecuada cobertura, suficiencia de las prestaciones y mantención en el tiempo.
Francisco Moreno (UDI), abogado exsubsecretario de Hacienda: Pacto Vamos por Chile, distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Til Til)
- Derecho de propiedad: El derecho de propiedad privada y el respeto a la libre iniciativa en el campo económico son dos elementos fundamentales para el buen funcionamiento de una economía que genere progreso, desarrollo y oportunidades para todos. Cuando no existen derechos de propiedad, los ciudadanos no pueden sentirse dueños de los resultados de su esfuerzo o del fruto de sus inversiones. La Constitución de 1980 fortaleció el derecho de propiedad al establecer un "estatuto a la expropiación" a fin de evitar abusos por parte del Estado por sobre los particulares, el cual considera una indemnización a pagarse al contado la cual es determinada por los Tribunales de Justicia, a diferencia de la realidad previa. Al mismo tiempo, se mantuvo la "función social" de la propiedad que proviene de la reforma constitucional de 1967: hoy el derecho de propiedad puede verse limitado por causas de utilidad pública, salubridad pública, cuando sea necesario por los intereses de la Nación, por necesidades de conservación del patrimonio ambiental y por razones de bien común.
- Medioambiente: Estoy a favor de que se agregue como deber del Estado, dentro de las bases de la Institucionalidad, la protección del medio ambiente y que las personas constituyan el centro de las preocupaciones promoviendo siempre un desarrollo sostenible. Esa debe ser un mandato global no tan sólo para el Estado, sino también para el mundo privado. Aun cuando hemos avanzado considerablemente durante estos últimos 40 años en una verdadera institucionalidad ambiental que respeta a la naturaleza - y, especialmente, sus recursos no renovables - aún nos queda mucho por avanzar.
- Seguridad social: Es fundamental mantener la iniciativa exclusiva de ley sobre estas materias en el Ejecutivo. Debemos ser capaces de hacernos cargo de las exigencias que la ciudadanía viene planteando a este respecto de manera clara y categórica. Se hace más necesario que nunca incluir en la garantía constitucional del derecho a la seguridad social las prestaciones que serán exigibles por vía legal. Es urgente que el millón 400 mil personas que se encuentran pensionadas más los 150 mil que van jubilando cada año tengan claridad – por vía legal – sobre las prestaciones exigibles en virtud de este derecho. Con esto avanzamos en hacer exigible y justiciable este derecho fundamental.
- Derechos laborales: La libertad de trabajo, su protección y su justa retribución son elementos fundamentales que deben estar en la nueva Constitución. Al mismo tiempo, creo que debemos fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres a propósito de la prohibición de discriminar arbitrariamente en materia laboral, de modo de establecer la igualdad laboral. Adicionalmente, debemos dar protección al derecho a negociar pero desde la óptica de los trabajadores, evitando que las organizaciones sindicales estén por sobre los derechos de los mismos. Otros puntos que considero fundamentales de la discusión: la mantención de la prohibición de los funcionarios públicos de declararse en huelga sumándole la de "paralizar sus funciones" y – a propósito del derecho de sindicalización – debemos consagrar los principios de transparencia en el funcionamiento y administración y efectiva democracia interna de los sindicatos.
- Reforma tributaria: Nunca hay que olvidar que la Constitución no es un programa de Gobierno. Se trata de un estatuto jurídico que establece el sistema de gobierno y que regula el funcionamiento de sus instituciones, además de reconocer y garantizar a todas las personas sus derechos fundamentales a fin de que cada uno pueda desarrollarse libremente. Por lo tanto, una Constitución no es la estructura jurídica adecuada para dictar políticas tributarias. Lo que sí se establecen son principios y creo que es fundamental mantenerlos, como el principio de la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley que contiene nuestra actual Constitución y, además, redefinir el concepto de que en ningún caso la ley podrá establecer tributos desproporcionados o injustos. Las bases fundamentales que contiene la Constitución son las que permiten el desarrollo del país y que le dan garantías a los inversionistas y emprendedores.
Alejandra Sepúlveda Peñaranda (indep.), directora ejecutiva ComunidadMujer): Lista Independientes No neutrales, distrito 11 (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y
Peñalolen)
- Derechos de Propiedad: Pienso en una nueva Constitución inclusiva, que consagre la igualdad de género y la paridad, y una economía sostenible para el siglo XXI. El derecho de propiedad privada es un derecho humano central de resguardar, pero que tiene límites fundamentales en virtud de su función social y del interés general. La preservación del patrimonio ambiental, de los bienes nacionales de uso público y para el consumo humano, como el agua, o el espectro radioeléctrico deben ser parte de un compromiso intergeneracional. Es importante, además, consagrar la libertad de emprendimiento, la posibilidad de ser actores de los procesos de creación de valor. Por eso es clave generar los incentivos y regulaciones para una real libre competencia y el fin de los abusos. En lo institucional, es relevante mantener la autonomía del Banco Central, para resguardar la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad del gasto fiscal.
- Medioambiente: Chile es un país que tiene todos los atributos para transformarse en un líder en desarrollo sustentable con garantías de cuidado del medioambiente, de generación de energía limpia, de protección a la fauna y desarrollo intensivo de industrias sostenibles. Debemos aspirar a consagrar en la nueva Constitución el equilibrio y armonía ecológica, reconociendo la crisis y emergencia climática, incluyendo principios de conservación, respeto de la biodiversidad, la justicia ambiental y continuidad intergeneracional. Tenemos la oportunidad de que la Carta Magna guíe a nuestro país en temas fundamentales como el desarrollo del nitrógeno verde, la energía eólica y solar o grandes conflictos como las zonas de sacrificio, la deforestación y las dificultades del acceso al agua. Es claro que las normas que acordemos le tienen que servir a las generaciones futuras y por eso es urgente preguntarse hoy qué le estamos legando a ellos.
- Seguridad social: Me identifico con el paso de un Estado subsidiario a un Estado social, democrático, descentralizado, de derecho. Debemos avanzar hacia un Estado moderno, que garantice prestaciones universales y, muy importante, suficientes, respondiendo a las necesidades reales de las personas. Es decir, que la provisión pueda ser pública o privada, pero con las reglas de lo público, eliminando cualquier tipo de discriminación. Tenemos que garantizar salud y educación de calidad y no sexista; viviendas y pensiones dignas y sumar el trabajo no remunerado de forma potente, validando el cuidado para niños, adolescentes y adultos mayores, cuya carga casi exclusiva hoy soportan las mujeres sin ningún reconocimiento ni reparto equitativo. Por tanto, tendremos que ponernos de acuerdo como sociedad en los próximos meses en cómo vamos a avanzar en garantizar estos derechos, entendiendo que son progresivos y que debemos ser solventes y responsables en su puesta en marcha.
- Derechos laborales: Hoy estamos en un momento muy complejo en materia laboral. Con alta incertidumbre sobre los puestos de trabajo, pero también la forma en que se transformarán con la llegada del teletrabajo y las nuevas tecnologías. La Constitución debe velar y consagrar la dignidad del trabajo, la eliminación de todo tipo de discriminaciones y asegurar el buen trato. Tenemos que poder desarrollar nuestro plan de vida, y por eso es crucial impulsar la Igualdad salarial. Tengo la convicción de que se debe reconocer el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a nivel constitucional para que sea considerado como un trabajo productivo.
- Reforma Tributaria: Está claro que, si vamos a requerir de mayor cantidad de recursos para políticas sociales, y tener un Estado más fuerte y presente, debemos recaudar más y mejor. En ese sentido, se debe revisar la actual base impositiva (impuestos directos, indirectos, correctivos, patrimoniales) y su sistema de exenciones. Pero la Constitución sólo puede establecer un principio de igualdad tributaria (progresividad), no afectación. Todos los tributos tienen un fin indeterminado, van a una bolsa común, y el Estado es el que se encarga de redistribuir porque su objetivo principal es el bien común. Pero cada uno debiese pagar impuestos en relación a sus recursos y capacidad. Por eso resulta clave no sólo la mayor recaudación, sino cómo se gasta ese dinero de los contribuyentes. Sabemos de la dificultad de hacerlo eficientemente y con real impacto. De ahí la importancia de la modernización del Estado.
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