Decrecemos

Susana Jiménez Schuster

Hace algunos meses, Juan José Martin, el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, con total desparpajo señalaba que “hay que atreverse a que en algún momento no se crezca o, incluso, se decrezca”. Como se dice, ¡cuidado con lo que deseas, no sea que se haga realidad!

Las cifras dan cuenta de un escenario complejo. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda han alertado sobre una fuerte desaceleración económica durante este año y el próximo. Algunos trimestres podrían presentar tasas negativas de crecimiento, para complacencia del señor Martin y otros constituyentes. Estas proyecciones no consideran el impacto que tendría el recién concluido borrador constitucional, lo que sólo puede agravar las cosas.

“El desarrollo es clave para superar la pobreza, generar empleo, suplir necesidades y financiar el Estado. Eso requiere certeza jurídica, estabilidad económica y regulación sectorial. Desde la Convención, malas noticias”.

Como sabemos, el desarrollo económico es necesario para superar la pobreza, generar empleo, satisfacer las necesidades de bienes y servicios, y aportar recursos al Estado. Y para ello requiere de certeza jurídica, estabilidad económica y regulación sectorial.

¿Cómo afecta la propuesta de la Convención en estas materias? Lamentablemente, no hay buenas noticias.

Primero, la certeza jurídica se verá afectada por la modificación general de la institucionalidad y en especial los cambios al derecho de propiedad. Si bien está considerado en el borrador, hay una evidente desconfianza en materia de expropiación, dado el reemplazo del concepto de pago por daño patrimonial causado (valor de mercado), por una indemnización a “precio justo”. De más está decir que eso puede significar cualquier cosa. Además, se liberó al Estado del requisito de “participar en igualdad de condiciones” con los particulares para desarrollar actividades empresariales, principio que velaba por la competencia justa y la responsabilidad fiscal.

En segundo término, la estabilidad macroeconómica enfrenta también sus amenazas. Se reemplaza la iniciativa exclusiva del Presidente, establecida en pro de la responsabilidad financiera del Estado, por las denominadas “leyes de concurrencia”, aumentando los incentivos para apoyar proyectos populistas. Además, se otorgan autonomías financieras y se permite el endeudamiento a regiones, municipalidades y territorios autónomos, lo que afecta la disciplina fiscal. Aún más, se debilita al Banco Central, relajando las reglas de remoción de sus consejeros. El riesgo de intervención en las decisiones monetarias y fiscales es evidente.

Por último, en materia sectorial, las normas sobre bienes comunes naturales le meten “inestabilidad al sistema”. Así, los derechos de agua, hoy protegidos y comerciables, serán meros títulos administrativos, precarios e intransferibles. La agricultura, sector muy afectado, deberá además lidiar con las confusas normas de “sintiencia animal”.

La inapropiabilidad de bienes comunes genera también legítimas dudas sobre otras actividades, como la desalación de agua de mar o la generación de energía eólica o geotérmica. La minería, si bien se salvó de ser estatizada, perdió la seguridad jurídica con que cuenta actualmente, y queda afecta -como las forestales, salmoneras y frutales- al derecho de veto en “tierras y territorios” de pueblos indígenas.

A ello se suman otras numerosas propuestas, como un sistema político sin contrapesos, múltiples sistemas de justicia, derecho a huelga sin limitaciones y negociación ramal; todos elementos que alimentan la incertidumbre y el riesgo para las decisiones de inversión. Si con ello decrecemos, nos empobrecemos. Y lo deseado, más que una aspiración, puede devenir en decepción.