Cuando la política le gana a la economía

Mauricio Villena

Ad portas de una recesión como la que se proyecta para Chile a fin de año, ciertamente no hace sentido económico una reforma tributaria (RT) de la magnitud que propone el Ministerio de Hacienda. En tiempos de contracción económica, un alza importante de impuestos a personas y empresas puede dificultar más el crecimiento y creación de empleo a mediano plazo.

Esta decisión tiene más fundamentos en clave política que económica: no está del todo claro qué uso fiscal se pretende para estos recursos ni por qué su necesidad es inmediata, sobre todo con buenas noticias en recaudación fiscal este año (IFP julio). Además, el anuncio llega en medio de gran incertidumbre por el plebiscito constitucional y una crisis económica global desatada. Si bien medidas como un aumento de impuestos transitorios al consumo podrían ayudar a contener la inflación, otras permanentes y de alto impacto pueden deprimir más las expectativas de los agentes económicos, y prolongar y profundizar el ciclo recesivo más de lo necesario.

“En vez de un bono para 7,5 millones de personas y la extensión del IFE Laboral hasta fin de año, hubiese sido deseable una ayuda focalizada y transitoria a la población más vulnerable”.

Un claro ejemplo del triunfo de la política sobre la economía en los anuncios recientes es la propuesta de impuesto a la riqueza. Es ampliamente conocido en literatura económica que estos impuestos recaudan poco: según datos OCDE en 2018, los ingresos fiscales procedentes de impuestos al patrimonio individual neto oscilaron entre 0,2% del PIB en España y 1,1% en Suiza. Además, estos tributos pueden traer grandes costos administrativos (requieren valoración periódica de los activos), dañar el ahorro y, en última instancia, reducir las existencias de capital a largo plazo y el crecimiento.

Es en parte por esto que muchos han abandonado estos impuestos: en 1990, los usaban 12 países OCDE; a 2020, sólo quedaban Noruega, España y Suiza (Perret, 2021 en Fiscal Studies).

Un aumento transitorio del impuesto a la riqueza podría ayudar a contener las presiones inflacionarias, pero uno permanente puede afectar al ahorro y capital a largo plazo, justo cuando necesitamos apuntalar el crecimiento.

Finalmente, el Gobierno acaba de anunciar un Bono Invierno 2022 de $ 120 mil para 7,5 millones de personas y la extensión del IFE Laboral hasta fin de año, medidas que implicarían un gasto fiscal de US$ 1.200 millones. Todo esto cuando el IPC acumula 7,1% de alza este año y 12,5% a doce meses (INE). Para que haya inflación persistente, la cantidad de dinero debe crecer a tasas que la sostengan; de hecho, existe fuerte correlación entre inflación y el crecimiento de la cantidad de dinero.

La principal herramienta de los países frente a la inflación es la política monetaria, ¿pero es suficiente? No, debe ir de la mano de una política fiscal contractiva, que sea creíble y persistente. Así, hubiese sido deseable una ayuda focalizada y transitoria a la población más vulnerable, y no el alcance y nivel de gasto de lo anunciado, en medio de un ciclo inflacionario sin precedentes recientes.

Lamentablemente, cuando priman criterios políticos por sobre las buenas políticas públicas, los efectos económicos negativos, de largo plazo y difíciles de revertir, pesan más en los sectores más vulnerables de la sociedad.