Corrupción

Luego de un año marcado por la polémica de corrupción en el llamado caso Convenios, la opinión pública conoció esta semana un audio -a través de CIPER- que vincula a un conocido abogado de la plaza y a su cliente empresario en presuntos sobornos a funcionarios públicos. En efecto, los partícipes de la conversación mencionan pagos a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero para realizar diversas acciones indebidas -filtrar indagatorias reservadas, sustraer computadores y otras-, lo que según ellos mismos reconocen en la grabación “es delito”.

Más allá de la discusión sobre la licitud del audio como prueba -y de que, obviamente, es necesario esperar que la justicia se pronuncie-, el caso golpea fuertemente la fe pública, tanto respecto de los funcionarios del Estado como del comportamiento de los privados. Considerando que los índices de percepción de corrupción en nuestro país han empeorado notoriamente en los últimos años, el daño ocasionado por el caso es particularmente grave.

Lo único que daña la fe pública más que la corrupción es la percepción de impunidad frente a ella.

La legitimidad de todo sistema social regido por reglas se sostiene en la presunción de que los actores —especialmente aquellos que cumplen un rol preponderante, ya sea en el Estado o en el mercado— ciñan su comportamiento al mismo estándar que rige la conducta del resto de los ciudadanos. Si ello no ocurre, se profundiza la percepción generalizada de abuso.

Ahora bien, ni la exigencia ética de todo ciudadano de cumplir la ley, ni la obligación de los funcionarios públicos de cumplir con el deber de probidad, obstan a que el legislador diseñe todos los incentivos, tanto preventivos como represivos, para impedir que ocurran casos de corrupción como el que presuntamente se habría cometido aquí.

Hasta ahora, las reacciones institucionales a este caso dan cuenta de su eventual gravedad. El Ministerio Público inició una investigación de oficio; tanto el SII como la CMF anunciaron sumarios internos; incluso el Colegio de Abogados ha abierto una investigación contra el profesional involucrado. Es clave esclarecer los hechos todo cuanto sea posible y que se impongan las sanciones establecidas por la ley, si proceden.

Porque, en definitiva, lo único que daña la fe pública más que la corrupción es la percepción de impunidad frente a ella.