Convocatoria al Comité de Ministros

Un Comité de Ministros sin ningún ministro y presidido por un jefe de división será el que, finalmente, se pronuncie mañana sobre la solicitud de permiso ambiental del proyecto minero Dominga, un caso emblemático en la historia de la permisología y judicialización de grandes iniciativas de inversión en Chile. Se trata no solo de una integración inédita desde que opera la entidad, sino que abre nuevas interrogantes sobre la institucionalidad ambiental y la claridad de las reglas con que funciona.
Hace una semana venció el plazo que el Primer Tribunal Ambiental (TA)de Antofagasta impuso al Gobierno para que convocara a un nuevo Comité, luego de que en un fallo unánime revocó la resolución que rechazó el permiso ambiental de Dominga. En sus fundamentos, el dictamen sostuvo que las autoridades políticas infringieron los “principios de imparcialidad y confianza legítima”, resolvió que la indiciciativa debía continuar su tramitación y adjudicó actuaciones “ilegales” a los secretarios de Estado.

La cita no es una mera sesión de aprobación o rechazo, sino un pronunciamiento respecto de, al menos, una docena de reclamaciones.

Tras 11 años de tramitación, la iniciativa de US$ 2.500 millones, ha transitado en una maraña de procedimientos interminables, fallos que generan nuevas apelaciones, y una disputa entre la empresa y grupos ambientalistas que ha escalado en una compleja batalla legal.
Tras conocerse el fallo del TA, el Gobierno insistió en que el dictamen podía ser revisado por la Corte Suprema, presentó un recurso de casación, convocó a una reunión del Comité de Ministros, pero solo para oficializar las inhabilidades -lo que informó días después y en forma confusa- y dilató una nueva votación, refugiándose en el argumento de que tras la inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, le correspondía a la Contraloría pronunciarse sobre quién debía presidir la entidad. Esta resolvió, el pasado viernes, que el subrogante es el subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño y, que en su ausencia, rige el orden establecido en el Estatuto Administrativo. Proaño, al igual que Rojas, emitió declaraciones previas sobre Dominga, por lo que estaría inhabilitado. De allí, que el Comité terminará siendo dirigido mañana por el jefe de la División Jurídica del ministerio, un abogado con dos años en el cargo.
Desde que el TA emitió su fallo, diversas voces expertas emitieron críticas sobre los desacatos e ilegalidades que debían evitarse. Enfrentados al actual escenario, lo que resurgen son los cuestionamientos a la seriedad con la que se enfrentan estos procesos. La cita del Comité no es una mera sesión de aprobación o rechazo, sino un pronunciamiento respecto de, al menos, una docena de reclamaciones interpuestas por diversos grupos ambientalistas y otros, en contra de la decisión regional que calificó favorablemente el proyecto en 2021. La nueva integración, que incluye además la inhabilidad de la subsecretaria de Agricultura, debe garantizar una deliberación objetiva y transparente, basada en criterios legales y libres de presiones o acciones erráticas, si lo que se quiere es reamente restablecer la confianza en las instituciones.