Saltarse los torniquetes

Fernanda Hurtado

La CMF acaba de sancionar a un director de una reconocida empresa, y a parte de su familia, por comprar acciones haciendo uso de información privilegiada. Al director se le aplicó una multa de UF 10.000 (unos $ 330 millones) y a sus hermanas de UF 2.000, por no inhibirse de operar estando en posesión de esos datos. Otro gran empresario tuvo que llegar a un acuerdo con Aduanas para cerrar una causa penal por contrabando, luego de que hubiera declarado una internación por un valor de $ 36 millones, en circunstancias que se trataba de una colección de obras de arte por un valor 25 veces mayor de lo declarado.

Sigue sorprendiendo que altos representantes de los gobiernos corporativos de las empresas no entiendan el delicado rol que juegan. Sus decisiones no solo tienen impactos reputacionales en sus familias y en sus empresas: los efectos expansivos de sus errores pueden terminan empañando la labor de todo el sector privado.

“Por culpa de gruesas faltas a la probidad por parte de empresarios, se termina exacerbando el rol del Estado en la discusión legislativa o constitucional, y la desconfianza de la ciudadanía”.

Es evidente que los errores, malas decisiones y, derechamente, delitos en los que han incurrido en el pasado reciente tienen efectos en la discusión pública. En primer lugar, nos hace reconocer el importante rol que juegan las instituciones -entre las que están la CMF, la FNE, el Sernac, el SII, Aduanas y otras- que fiscalizan al sector privado, sin las cuales ninguno de estos u otros casos sería conocido, ni menos sancionado.

Sin embargo, provocan, además, la desconfianza de la ciudadanía en los representantes del sector privado, metiendo a todos en un mismo saco y haciéndoles añorar la provisión de productos y servicios por parte del Estado, el que, en términos relativos, aparece con una imagen menos contaminada. Por culpa de estas gruesas faltas a la probidad por parte de empresarios, se termina exacerbando el rol del Estado en la discusión legislativa o constitucional, y el mundo político se vale de estos ejemplos para impulsar acciones que jibarizan al sector privado.

Las conductas antiéticas deben ser condenadas independiente del origen del transgresor o su nivel de ingresos. Pero ciertamente la sensación de abuso se amplifica si quienes pasan a llevar las normas son los máximos representantes de empresas del sector privado. Sus actos terminan por empañar el duro esfuerzo que hacen sus pares, organizaciones empresariales e instituciones de la sociedad civil que día a día apuntalan la imagen del sector privado y que ven cómo de un plumazo se borran años de trabajo por decisiones perfectamente evitables.

El movimiento que llamó a evadir el transporte público tuvo dolorosas consecuencias que persisten hasta hoy. Es hora de que quienes lideran a compañías privadas se restrinjan de hacer exactamente lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Sería bueno recordarles que el eventual rédito de corto plazo de sus decisiones puede terminar con exactamente los mismos efectos de quienes llamaron en 2019 a saltarse los torniquetes.