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Alto contrasteSe requiere más eficacia en el combate al terrorismo
A lo largo de un año y medio de gobierno, la actual administración ha ido modificando su discurso respecto de la violencia terrorista en el sur de Chile, reflejando el sostenido agravamiento de esa situación. En un principio las autoridades desestimaron la utilidad del estado de excepción decretado por el Gobierno anterior, se negaban a hablar de terrorismo y a invocar la Ley Antiterrorista, e incluso mostraron una incomprensible tolerancia cuando la ministra del Interior fue recibida a tiros para impedir su acceso a Temocuicui.
La realidad ha obligado a una drástica revisión de esa actitud. Los estados de excepción han sido renovados continuamente hasta hoy e incluso se evalúa ampliarlos a la Región de Los Ríos -luego del atentado incendiario del sábado a una planta eólica-; la titular de Interior fue destituida; el Presidente Boric reconoció la existencia de terrorismo a fines del año pasado; y ahora se ha establecido un plazo de 30 días para introducir cambios a la Ley Antiterrorista.
El cambio de enfoque es bienvenido, aunque costosa e innecesariamente tardío. La reciente ola de atentados contra instalaciones de diversa índole -el del sábado fue el cuarto en poco más de una semana- deja en claro que, si bien una nueva lectura política del problema es imprescindible, lo realmente clave y urgente son medidas concretas para, por un lado, mejorar el trabajo de inteligencia que ayude a desactivar grupos armados y prevenir más ataques, y por otro, reforzar la capacidad de respuesta y sanción una vez que ocurren.
A estas alturas, los anuncios de querellas “contra quienes resulten responsable” y los cambios legislativos difícilmente tranquilizan a la ciudadanía, desagravian a las víctimas o disuaden a los terroristas. Es evidente que falta una agenda potente -en lo policial como en lo judicial- para poner coto a una espiral de violencia que, hasta ahora, sólo da señales de ir en aumento.
Más allá de la fundamental defensa del Estado de derecho y la protección de las personas, lo anterior está siendo también un serio desincentivo a la inversión y una barrera a la reactivación económica, sin lo cual las reformas en otros ámbitos pierden viabilidad.
