VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteLa decisión del gobierno de avanzar en la venta del remanente accionario que a través de Corfo aún posee en un conjunto de empresas sanitarias ha inaugurado un debate en torno al funcionamiento de estas empresas, en particular respecto de los niveles de rentabilidad que están anotando en circunstancias que éste es un sector que, por su naturaleza, es regulado en materia tarifaria.
Si bien éste es un tema ha demostrado ser sensible en la dimensión política, como quedó claro con la reacción de los ex presidentes Frei y Lagos, lo cierto es que el país ya resolvió en el pasado posibilitar la venta de estos activos, lo que debería hacer que la decisión de vender sea especialmente una de naturaleza económica y en menor medida de orden político, aunque es ineludible aceptar que esa variable sigue estando presente en el debate público y en el fondo de la decisión.
Es justamente en la dimensión económica donde ha estado emergiendo un debate sobre la calidad de la regulación que rige a este sector y cómo las conclusiones a las que se arribe en esa materia inciden sobre el mismo proceso de venta y el funcionamiento de este sector, altamente sensible para los ciudadanos.
El ex ministro Eduardo Bitran ha planteado en forma insistente que no obstante que hay un modelo tarifario claramente definido en donde variables como el costo de capital y las tasas de rentabilidad están acotadas, las empresas del área han estado registrando retornos superiores a los que el marco regulador establece, incluso triplicando dichos márgenes. En sus argumentaciones, el ex ministro insta a mejorar la regulación antes de la venta de manera de resguardar de mejor manera los intereses de los usuarios.
La pregunta que surge en forma inmediata es qué efectos tendría dicha revisión sobre el proceso de venta, ya que una marco regulatorio distinto afecta la valoración del activo en venta, cuestión que los inversionistas por cierto descontarán, como probablemente ya lo están haciendo en la medida que está instalado en este debate, que introduce lo que se podría calificar como un riesgo regulatorio.
Si bien resulta especialmente interesante ver cómo el Estado y el regulador abordan un tema que incide en el valor de un activo que busca vender, tal vez el tema de fondo que más debe interesar es si efectivamente la regulación presenta imperfecciones que se traducen en tarifas que no corresponden a los consumidores. La clase política y las instituciones no pueden sino operar con la mayor transparencia, ya que no sería justo postergar el debate hasta después de la venta.
