Nacionalización de YPF y reinversión

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández envió este lunes a trámite un proyecto de ley para tomar el control del 51% de la petrolera YPF, medida acompañada de acciones de hecho que se tradujeron en la ocupación de las oficinas de la empresa, la remoción de directores y síndicos y la designación en el cargo de director ejecutivo de la empresa del ministro de Planificación, Julio De Vido. El gobierno argentino justificó su decisión señalando que la explotación de hidrocarburos en el país es de interés público y que, por lo mismo, la caída en los niveles de producción y reinversión de la empresa pasa a ser un tema relevante. De paso, la mandataria envió un mensaje a los demás inversionistas extranjeros, instándolos a reinvertir utilidades.

Si bien la medida podría ser popular en términos políticos internos, lo cierto es que ha abierto amplios espacios de incertidumbre en lo que se refiere a los códigos con que se opera en los negocios. A principios de los 90 Argentina adoptó una decisión de Estado, que contó con el voto de la entonces diputada Fernández, y que se tradujo en la privatización de YPF, empresa que desde los 70 exhibía un proceso de deterioro. Ese acto, la privatización, no puede leerse sino como una invitación de largo plazo a los dueños del capital para que ingresen a una empresa para desarrollar proyectos en un clima propicio para rentabilizar su inversión.

Es probablemente en esto último donde está la clave del tema, ya que si se quiere que el capital privado reinvierta en un mercado, deben concurrir proyectos que ofrezcan la rentabilidad que requiere el capital y las certezas de largo plazo que justifiquen la decisión de invertir.