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Alto contrasteModernizar el manejo de bases de datos y los sistemas de identificación de los chilenos resultan tareas de permanente preocupación e interés para el Registro Civil e Identificación. El propio organismo plantea entre sus objetivos mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, garantizar seguridad y mejorar condiciones de cobertura y acceso.
No obstante, estos fines no se han visto acompañados de un proceso acorde de selección y adjudicación de las necesarias modernizaciones. Tanto la licitación vinculada con la administración de la base de datos, iniciada en junio de 2007, como la referida a la modernización de las cédulas de identidad y pasaportes, de febrero de 2008, han enfrentado dificultades y denuncias de irregularidades. A los retrasos derivados de esta situación, se suma una percepción general negativa en torno a los mencionados procesos y, en definitiva, una pérdida de confianza respecto a la idoneidad del propio Registro Civil y de sus máximas autoridades para garantizar licitaciones necesarias, eficientes, transparentes y correctamente asignadas.
Los US$ 80 millones involucrados en la primera licitación y, con mayor razón, los casi US$ 400 millones de la segunda, han multiplicado el interés de la industria tecnológica en estos procesos, por lo que sus retrasos y complicaciones también han terminado por perjudicar los planes de este sector.
El propio ministro de Justicia, Felipe Bulnes, optó por solicitar la renuncia al director del Registro Civil, que había sido elegido por Alta Dirección Pública en marzo de 2009, luego que la Contraloría determinara que se habían vulnerado algunas disposiciones de las bases en el proceso de licitación para cédulas de identidad y pasaportes.
¿Cómo es posible que licitaciones que involucran no sólo montos relevantes sino también un servicio que el Estado debe prestar a todos los habitantes del país, se vean entorpecidas de esta manera? Los pronósticos más optimistas del sector tecnológico indican que los nuevos pasaportes y cédulas podrían entrar en funcionamiento recién en 2013, a pesar que la adjudicación estaba originalmente contemplada para diciembre del año pasado.
Tanto el Ministerio de Justicia, institución de la cual depende el Registro Civil, como este mismo servicio deben tomar las medidas correspondientes para determinar la urgencia de estos cambios y proceder en consecuencia. Lo anterior, acompañado de un proceso conocido y eficiente, que no sólo adjudique al operador más indicado, sino que también otorgue las necesarias garantías de transparencia.
