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Alto contraste
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a Convención Constituyente ha dedicado las últimas jornadas a votar las propuestas relativas al funcionamiento de los aparatos públicos, entre ellas, la de convertir a Chile en un estado regional. Más allá de las innumerables dudas que quedan con respecto a una potencial implementación, hay una serie de dudas de base con respecto a una propuesta así.
Lo primero, es volver bien al inicio y ver cómo estas propuestas refundacionales conversan con la idea de que el Estado está al servicio de las personas y no al revés.
Sumar capas administrativas, legislativas y de otras índoles no asegurarán que se eficientará el trabajo del Estado y su conexión cercana con las necesidades de los chilenos. Durante décadas se ha planteado la urgencia de una modernización del Estado con un acento en la descentralización y la cercanía con los ciudadanos ¿sumar nuevas instancias aporta en esto? Lo segundo, la dispersión normativa de un Estado regional -que aunque suponga sumar y diferenciar normas para diferentes zonas del país- será una compleja transición para un país con una tradición unitaria. Eso no significa que la tradición deba definir el futuro, por el contrario, debe ser cuestionada constantemente, pero apuntando a sus falencias y no a construcciones teóricas o importadas. Así, esta idea de un modelo híbrido –que combina lo unitario con lo federal- deberá aplicarse en un país que no tiene diferenciados nítidamente territorios culturalmente diferentes y que tampoco tiene las magnitudes de población de otros países que lo han aplicado como modelo.
Finalmente, si se plantea la idea de un Estado regional para combatir la descentralización de la valdría la pena hacerse la pregunta al revés. ¿Qué otras maneras hay para tener un país menos centralizado que no supongan el riesgo institucional de cambiar todo el orden actual? Las atribuciones de los gobiernos regionales, los avances en autonomías presupuestarias y la elección de otros cargos de conducción regional parecen más adecuados.
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