Incongruencias en la discusión tributaria
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Más allá de la discusión sobre si se justifica realmente subir impuestos en el actual escenario económico, la estructura que se propone en el nuevo proyecto de reforma tributaria que va a presentar el Gobierno -según lo informado por el ministro de Hacienda- admite reparos técnicos que se contraponen con los objetivos de largo plazo de fomentar el ahorro y la inversión, así como avanzar en equidad.
En lo que se refiere a la tributación a las personas, perseverar en la idea de aumentar la carga impositiva a quienes reciben una renta mensual superior a los 4,5 millones de pesos, significa que la recaudación adicional que se desea obtener recaiga únicamente sobre 235 mil contribuyentes, es decir, solo el 2,1% del total de contribuyentes personas naturales deberían soportar esta carga adicional.
La estructura que se propone admite reparos técnicos que se contraponen con los objetivos de fomentar el ahorro y la inversión, y avanzar en equidad.
La anomalía que surge del cuadro actual, en que el 75% de los contribuyentes está exento del impuesto a la renta, y que ha motivado a organismos internacionales a sugerir cambios en la línea de aumentar la base de tributación, no solamente está ausente en esta discusión, sino que la propuesta de cambio apunta más bien en la dirección opuesta.
En lo concerniente a las rentas del capital, se persevera en la idea de ajustar la tasa de primera categoría a 25% -lo que en rigor sería así sólo para las empresas que utilicen la totalidad del crédito tributario que está contemplado, como contrapartida a la tasa de impuesto al desarrollo de 1% que se estaría estableciendo como gravamen adicional a las utilidades-, muy por encima aún de la media de los países que compiten con Chile para atraer inversiones. Y se insiste en la desintegración total entre empresas y personas naturales, estableciéndose un nuevo impuesto a los dividendos.
Paradojalmente, se declara al mismo tiempo que la carga tributaria total sobre las rentas del capital bajaría del 44% al 39%. Se trata, en definitiva, de un cuadro aún muy confuso, que presenta incongruencias que harán más difícil su tramitación legislativa.
