n medio de esta pandemia, existe considerable inquietud por los efectos de la propagación del Covid-19 en Chile sobre todos los sectores y cada uno de los lugares golpeados. Pero no deja de ser especialmente lamentable que la emergencia sanitaria esté teniendo un impacto más duro en La Araucanía, una región ya antes muy debilitada en lo económico por años de violencia y vulneración del Estado de derecho. Hoy está sólo por detrás de la Región Metropolitana en número de contagiados con el coronavirus (con más de 500) y es la que concentra más fallecidos a nivel nacional.
Este escenario se agrava por la particular situación que tiene en aislamiento forzoso a una porción relevante del gobierno regional —lo que habría empezado al contagiarse la seremi de Salud—, lo que impone un desafío adicional a la tarea de conducir para las autoridades suplentes, encabezadas por una delegada presidencial nombrada al efecto.
Con todo, el rápido nombramiento de estas autoridades transitorias no basta para calmar los temores del sector productivo local, eminentemente agrícola y por ello en potencial riesgo de sufrir escasez en caso de extenderse la emergencia por un lapso prolongado. De ahí la importancia de que el trabajo de coordinación entre ellas y los gremios regionales, que ya ha comenzado, sea en visto desde el Gobierno central como una prioridad.
Los ataques incendiarios y otros delitos violentos han continuado sucediendo en La Araucanía tanto durante la actual emergencia del Covid-19 como antes con el llamado “estallido social” del 18-O. Ello, sumado a la frágil situación económica de muchos de sus habitantes, agrega complejidad al reto de hacer cumplir las medidas de cuarentena y restricción de libre tránsito decretadas en otras partes del país. Esa debe ser una razón para redoblar los esfuerzos públicos y privados para ayudar a la región a paliar en alguna medida los efectos de esta crisis, sin olvidar los problemas de fondo y los objetivos de desarrollo a largo plazo.
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