El precio de no parar la incertidumbre

n el Informe de Política Monetaria entregado ayer, el Banco Central pintó un cuadro económico preocupante surgido del conflicto social que golpea al país hace un mes y medio. Para este año, el ente emisor estima un crecimiento del PIB cercano al1%, mientras que la proyección para el próximo oscila entre 0,5% y 1,5%, que recién en 2021 crecería a entre 2,5% y 3,5%. El desempleo, por otra parte, podría ser mayor al 10% en los próximos meses, con una caída en la inversión del orden de 4% el año que viene y una inflación promedio de 3,9%.

Este pronóstico se basa, además, en el supuesto de que en el corto plazo comience a retornar la normalidad a las calles, a reducirse la incertidumbre y a recuperarse la actividad. De no ser así, dice el Central, el “panorama para la economía sería más sombrío”.

De hecho, el instituto emisor reitera que si la conflictividad no amaina, su fuerte impacto económico será incluso mayor. Ello ratifica la importancia de que los próximos pasos para hacer frente a la crisis no eleven aun más el gasto público anunciado ni posterguen indefinidamente el momento en que Chile recobre los equilibrios macroeconómicos de los cuales depende, en gran medida, su capacidad de desarrollo.

Al mismo tiempo, es clave que los límites de la responsabilidad no se respeten a costa de los compromisos ya asumidos como parte de la agenda social del gobierno y del plan de reactivación anunciado esta semana. Lo prometido debe cumplirse, pues lo contrario arriesgaría males mayores. Sin embargo, hacer concesiones —sean económicas, políticas o constitucionales— no puede ser la estrategia de aquí en adelante. Ello implica un desafío de gestión política, tanto para el gobierno como para el oficialismo y la oposición, al menos tan complejo de manejar como el costo económico y financiero que esta crisis supondrá para todos los chilenos.