Dos acusaciones y una oportunidad perdida

ace pocas semanas, en el momento más álgido de la violencia por la crisis social —en medio de multitudinarias protestas, desmanes, incendios y saqueos—, pareció surgir en el mundo político el atisbo de un clima más constructivo, distinto a la polarización y al obstruccionismo legislativo de la etapa anterior.

Justo cuando algunos analistas, y no pocos políticos, comenzaban a hablar de amenaza a la estabilidad democrática y de ataques al Estado de derecho, los principales partidos de gobierno y oposición suscribieron el “Acuerdo por la paz social y nueva Constitución”, y apoyaron lo medular de la agenda social propuesta por el Ejecutivo para enfrentar la crisis.

En un sector de la oposición, sin embargo, prevaleció un ánimo distinto, más interesado en infligir costos políticos al gobierno —e incluso eventualmente forzarlo a dimitir—, que en desactivar la inédita conflictividad que azotaba al país. Las acusaciones constitucionales en contra del ya renunciado ministro del Interior y del propio Presidente de la República se forjaron en ese ánimo, con una endeble sustentación jurídica, pero un gran potencial de efecto político.

Es lamentable que la acusación contra el exministro Andrés Chadwick prosperara, no sólo por sus débiles fundamentos, sino porque sienta un grave precedente para que futuros ministros puedan ser acusados y destituidos sólo en función de una mayoría parlamentaria circunstancial (con posibles acciones penales posteriores en su contra). Por las mismas razones, cabe celebrar que se rechazara ayer la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, sin embargo, es probable que lo avanzado en materia de entendimiento en semanas recientes entre oficialismo y oposición esté en entredicho.

Nada de esto tiene que ver con las necesidades de los chilenos en pensiones, ingreso, salud, trabajo, educación o seguridad. Que ese foco se olvide tan rápidamente es en verdad preocupante.