Crisis en la PDI y confianza en las instituciones

Acusado de filtrar información reservada al abogado imputado en el polémico Caso Audios, ayer se decretó prisión preventiva contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), quien renunció la semana pasada luego de que fueran allanados su domicilio y oficina. Hasta ahora, su abogado defensor no niega los hechos que se le imputan al expolicía, sino que recalca la importancia de darles “contexto”, lo que dista de alegar inocencia.

Que la mayor autoridad de la policía civil nacional sea detenida por presuntas faltas a la probidad es una pésima noticia en cualquier circunstancia. Más aun cuando su antecesor es, a su vez, investigado por malversación de gastos reservados, un duro golpe para la PDI. Pero cuesta no pensar que la noticia resulta peor aun en el marco de la actual crisis de inseguridad callejera y sostenido aumento del crimen organizado por la que atraviesa el país.

La noticia es tanto más grave en el marco de la actual crisis de inseguridad callejera y aumento del crimen organizado.

De hecho, justamente las instituciones armadas y policiales venían recuperando la confianza de los ciudadanos desde el shock del 18-O -a mayor ritmo que otras instituciones, según consignó el CEP en diciembre pasado- a medida que la población cobraba nuevamente conciencia del rol fundamental que cumplen las policías (y en caso extremos, las FFAA) en la mantención del orden público.

Como lo sintetiza el documento del CEP, “la confianza institucional depende fuertemente tanto de la transparencia y ausencia de corrupción, como también del rendimiento de las instituciones”. Desde esa perspectiva, lo ocurrido no es sólo un golpe al prestigio de la policía civil, sino también a la confianza de los ciudadanos en ella.

Corregir lo anterior es, por tanto, una prioridad. Desde luego, en un primer nivel, avanzando en la investigación de este caso con celeridad y transparencia; pero en un segundo nivel, de más largo alcance, revisando y perfeccionando los procesos de modernización institucional de años recientes, que hoy parecen al debe.

Dicho esto, es igualmente clave transmitir a la ciudadanía -como lo ha destacado la Fiscalía, por lo demás- que la eventual responsabilidad penal por estos casos es de los individuos involucrados, no de la institución. Dar espacio a la impresión de que la PDI está “bajo sospecha” no sólo sería injusto, sino muy celebrado por los delincuentes.