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Alto contrasteListo para convertirse en ley quedó el proyecto que reduce de 27 a 16 la cantidad de días requerido para la constitución y funcionamiento de una nueva empresa en el país.
La iniciativa, aprobada con 26 votos a favor y uno en contra el miércoles en el Senado, contempla la disminución en los tiempos para el timbraje de documentos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), hace más expedita la obtención de patentes municipales provisorias y da autorización para sustituir la publicación en el Diario Oficial de la constitución de sociedad por su difusión en la página web del periódico. Dado lo anterior, las estimaciones del gobierno apuntan a que con esta modificación a la institucionalidad se reducirán en 30% los costos relativos a la creación de un negocio.
Más auspicioso aún, es que el esfuerzo por ganar en eficiencia en este terreno no se detendrá con este cuerpo legal. De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, ahora se trabaja en cambios adicionales que permita acortar el plazo de creación de empresas a ocho días primero y, con posterioridad, a un día.
De lograrlo, definitivamente Chile se ubicará a la cabeza de los ranking mundiales que registran este tipo de procedimiento cada cierto tiempo y, en forma paralela, será una contribución concreta al desarrollo del emprendimiento nacional. Un campo fértil para la innovación necesariamente se traducirá en una economía que crece más y que ofrece mayores oportunidades, factores que se unen para promover el bienestar de la población.
Ya aprobada esta primera ley para fomentar la creación de empresas, lo clave es que el actual gobierno -y posteriores administraciones- logre embarcar a las distintas entidades involucradas en el proceso en la generación de una nueva cultura, donde se valore la eficiencia, primen los criterios técnicos y, en esa medida, disminuya el espacio para la discrecionalidad. Esta menor burocracia para la creación de empresas debiera extenderse hacia otros ámbitos, como los vinculados específicamente con la tramitación de proyectos en reparticiones públicas y que, según se escucha en el mundo privado, muchas veces se topa con eternas esperas o demoras sin mayor fundamento.
De cara a la meta de convertirnos en un país desarrollado en el mediano plazo, el Estado chileno debe perseverar en la eliminación de todas aquellas barreras que entorpecen el espítitu emprendedor y/o innvovador y, en esa línea, juegan en contra de la competitividad.
