Agenda social del gobierno: propuestas sobre la mesa

a nueva agenda social planteada el martes en la noche por el Presidente Piñera incluye un conjunto de propuestas que deberán ser medidas por su mérito técnico, además de por su alcance político.

Como respuesta a las demandas ciudadanas expresadas en forma de un difuso “malestar” en las manifestaciones pacíficas de los últimos días —no así en los inaceptables actos de saqueo y vandalismo—, se trataba de un gesto ineludible, pues fue un intento de retomar el control de la agenda luego de varios días en que las autoridades (y la clase política) se vieron sobrepasadas por los hechos. Hasta qué punto ese intento fue exitoso queda por verse, ya que ayer continuaron las manifestaciones e incidentes en varias ciudades, pero al menos permite ahora centrar el foco en medidas concretas para desactivar la crisis.

El mea culpa que hizo el Mandatario por la “falta de visión” para hacerse cargo de insatisfacciones de larga data, algo que abarca la gestión de varios gobiernos y no sólo el actual, fue un positivo gesto de empatía hacia una ciudadanía que atraviesa momentos extremadamente tensos y difíciles, y que en la última semana no había tenido una respuesta de la autoridad que fuera más allá del indispensable control del orden público.

No obstante, más debatible es si la anunciada agenda social es la más idónea para enfrentar con perspectiva de largo plazo las materias que aborda, cuidando no sólo su efectividad sino su viabilidad económica a futuro.

Es valorable que sea un paquete agresivo que conserva un cierto objetivo de focalización en los más vulnerables, como los pensionados, los adultos mayores, las mujeres y las familias de bajos ingresos. Así ocurre con el aumento de 20% tanto a la Pensión Básica Solidaria como al Aporte Previsional Solidario, el aporte recursos fiscales para mejorar las jubilaciones de las personas mayores no valentes, o el recorte en las contribuciones de los más vulnerables de entre ellos.

También es bienvenida la preocupación por temas que golpean con fuerza la economía de las familias y afectan su calidad de vida, como el alto precio de los medicamentos y de la salud en general, a través de nuevos seguros y de darle urgencia inmediata al proyecto de ley crea el Seguro de Enfermedades Catastróficas, por ejemplo. Sin embargo, falta determinar si aquí también se mantendrá la focalización del gasto.

Con todo, será preciso seguir de cerca el efecto fiscal de estas medidas, que el ministro de Hacienda estima sumarán US$ 1.200 millones, un gasto imprevisto en el cual sólo la reconstrucción del Metro de Santiago representará alrededor de 350 millones de dólares. Esto abre una interrogante respecto de cómo se financiarán estas medidas —y otras como el nuevo Ingreso Mínimo Garantizado de $ 350 mil—, sobre todo considerando que el gran tema ausente en los anuncios fue la estimación de crecimiento económico que hará viable implementarlos.

El sentido político de gravar más a las rentas altas es comprensible, más aun en las presentes circunstancias, pero no es el tipo de medida que ayuda a solucionar los problemas de fondo del sistema tributario (el Presidente evitó mencionar la reintegración, precisamente porque la oposición la rechaza). Aunque este es un tema que La Moneda probablemente busca abordar en negociaciones futuras y en un contexto menos tensionado, la consecuencia inmediata es que se prolonga la incertidumbre tributaria, uno de los factores que inhibe la inversión y la creación de empleo, vale decir, el crecimiento del cual proceden los recursos para financiar cualquier política social sustentable.

El sentido político orientado a aminorar el descontento ciudadano se aprecia más en propuestas como la reducción de la dieta y del número de parlamentarios, el fortalecimiento del Fondo Común Municipal para que las comunas de mayores ingresos aumenten sus aportes en favor de las menos favorecidas, o el derecho a sala cuna universal, entre otras.

La discusión de estas y otras medidas demandará de la clase dirigente una actitud muy distinta a la exhibida ayer en el Congreso durante la sesión a la que fue citado el ministro del Interior, que debió ser suspendida por altercados entre algunos parlamentarios. Sin duda esa no es la conducta que esperan de sus representantes los chilenos que siguen manifestándose en las calles. Defraudar sus expectativas no parece la mejor manera de comenzar a salir de esta crisis.