Una enfermedad llamada permisología

CONSTANZA HUBE

Llegó a un “nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido”. Estas fueron las palabras del presidente Boric hace unos meses atrás, a propósito de la llamada “permisología”. Pero ¿qué es la permisología?

En términos simples consiste en la burocracia que se requiere para desarrollar un proyecto en Chile. Eternos tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, falta de coordinación entre distintos servicios, baja digitalización e ineficacia estatal son sólo algunos ejemplos.

Es la famosa permisología la que ha sido identificada como la causa del estancamiento del desarrollo económico de nuestro país. Lo anterior porque, al día de hoy, quien quiera impulsar un proyecto de inversión en Chile debe enfrentarse a 23 ministerios sectoriales, casi 40 subsecretarías, sumado a los cientos de servicios públicos, municipalidades, autoridades regionales, casi todos los cuales tienen alguna autorización que dar en muchos de los proyectos más importantes.

“¿Qué ha hecho el Gobierno en esta materia que él mismo identificó como un grave problema? En los discursos, mucho, pero en la práctica, poco o nada”.

Esto no sólo es un asunto de percepción, es la realidad. Recientemente un estudio de la USS concluyó que, tratándose de los permisos ambientales, el número de días requeridos para la aprobación de estos han subido significativamente. En el caso de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados en 2023, se requirieron 985 días corridos en promedio, cuando el promedio histórico es de 434 días corridos.

Por el lado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se necesitaron casi 360 días corridos, en contraste con el promedio histórico de 218 días. Además, se detectó que el primer trimestre de 2024, un procedimiento ambiental se demoró 399 días corridos, 73,6% más que el promedio histórico. Esto, evidentemente no sólo implica un retraso en el inicio y desarrollo de los proyectos, sino que tiene un costo económico significativo asociado.

¿Qué ha hecho el Gobierno en esta materia? En los discursos, mucho, pero en la práctica, poco o nada. Estando ad portas de la tercera cuenta pública presidencial, parece pertinente recordar qué prometió el Presidente de la República el año pasado para abordar este tema. Dos cosas: (i) la digitalización de los permisos digitales críticos, y; (ii) la presentación de una reforma integral a la tramitación de los permisos.

¿Qué pasó con lo primero? El ministro Grau ya nos notificó lo que todos sabíamos, que no se cumplió con dicha promesa y que se postergaría su implementación. ¿Para cuándo? No se sabe. ¿Qué ha pasado con lo segundo? A principio de año se presentó un proyecto de ley que, sin perjuicio de la “intención”, es insuficiente y desatiende uno de los síntomas de la permisología, cual es la excesiva grasa estatal. Esto se ve expresado de manera evidente con la propuesta de creación de un nuevo Servicio para la Regulación y la Evaluación Sectorial. Es decir: más burocracia.

Con todo, el gran punto no pasa sólo por el contenido del proyecto, sino que más bien por la voluntad de que este sea un eje central que incentive la inversión, reactive el crecimiento y se creen nuevos empleos. Para que haya voluntad tiene que existir convicción, y esto es algo que, en este tema, el Gobierno no tiene.