Un Estado cojo: la incapacidad de fiscalizar

Tomás Sánchez

En Chile, carecemos de una de las herramientas más básicas que necesita una sociedad: la capacidad de asegurar que se cumplan las leyes que acordamos. El reciente escándalo de los audios del Sr. Hermosilla es un claro ejemplo de esta deficiencia. No nos enteramos de lo que estaba ocurriendo por un protocolo del Servicio de Impuestos Internos o de Contraloría, sino a través de una filtración. El caso Fundaciones es análogo, no sabíamos si un proveedor del Estado estaba entregando su servicio o no. Llevamos meses en la copucha de dimes y diretes, pero sin ir al fondo del asunto: la incapacidad de fiscalización que tiene nuestro Estado.

La reforma educacional se justificó en gran medida por la incapacidad de asegurar el buen uso de los recursos por parte de las municipalidades. Es francamente kafkiano que el gobierno central no pueda fiscalizar a los gobiernos locales y que esta falta de capacidad de supervisión haya sido el argumento para transformar una tarea de gestión relativamente simple en una de varios órdenes de complejidad mayor. En salud, el desfalco en base a licencias médicas es un caso igualmente difícil de creer: no existe un protocolo de monitoreo establecido. El escándalo revelado años atrás se lo debemos a un astuto funcionario que simplemente le preguntó a la base de datos por aquellos médicos que entregaban más licencias.

“Izquierdas y derechas coinciden en la importancia de la fiscalización. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando las herramientas y tecnologías disponibles para garantizar que el Estado cumpla con su deber?”.

En materia de seguridad pública, la prioridad de la población, la situación es igualmente alarmante. No somos capaces de fiscalizar las armas en circulación, no contamos con un registro de beneficiarios finales que nos permita identificar a los accionistas narcos en miles de empresas y no podemos prevenir el crimen que se dirige desde las cárceles. La incapacidad de fiscalizar la entrada y el uso de celulares en estos recintos es la constatación de la falta de soberanía en 5.000 metros cuadrados. No faltan de leyes, sino que capacidad.

Sin embargo, el contraste es evidente cuando observamos el nivel de monitoreo que implementan otras organizaciones. Día a día, servicios son desconectados automáticamente cuando un cliente no paga, transacciones son rechazadas cuando son sospechosas, y recomendaciones personalizadas se generan a partir de datos recopilados de diversas fuentes. La tecnología necesaria para monitorear lo que el Estado necesita supervisar está disponible, pero simplemente no la utilizamos. La tragedia de los tres carabineros en Cañete ocurrió porque el Estado de Chile fiscaliza como si viviéramos en el siglo pasado, cuando hoy una tobillera electrónica con GPS es trivial.

Vivimos en tiempos donde los cohetes espaciales aterrizan con piloto automático y los autos que manejamos nos avisan sobre nuestros puntos ciegos con un simple sonido. Nuestros celulares diferencian si estamos corriendo o andando en bicicleta y chatbots responden exámenes universitarios en segundos. Aún así, por nuestros puertos pasan cargamentos completos de droga porque no tenemos los scanners correctos.

Izquierdas y derechas coinciden en la importancia de la fiscalización. La extrema derecha, desde un ideario de Estado mínimo que solo necesita fiscalizar, mientras que la extrema izquierda defiende un Estado robusto, que se funda en este primer concepto. Para ambos extremos, la fiscalización es esencial. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando las herramientas y tecnologías disponibles para garantizar que el Estado cumpla con su deber? ¿De qué sirven las leyes sin la capacidad de fiscalizar?