Tierras indígenas en La Araucanía: desafío urgente

Las declaraciones del intendente Huenchumilla han tenido la virtud de recordarnos que el “conflicto” por las tierras en La Araucanía es de una magnitud y complejidad que no pueden subestimarse.

En el centro de la cuestión está precisamente el rol de las tierras en la cultura mapuche. La Ley Indígena de 1993 establece que las tierras “son el fundamento principal de su existencia y cultura”. Por lo mismo, establece un mandato para el Estado de proteger y ampliar las tierras indígenas. El mandato de protección se concreta en un estatuto que limita severamente el espectro de actividades que los indígenas pueden realizar en sus tierras. Si bien su objetivo es loable -evitar que las tierras salgan de su patrimonio- la consecuencia obvia ha sido restringir gravemente sus medios de subsistencia. 
El mandato de ampliación de las tierras indígenas, por su parte, se cumple a través de varios mecanismos que cuentan con cuantiosos recursos asignados por la Ley de Presupuestos.

Este deber de ampliación refleja un doble consenso al tiempo de dictación de la ley: que las tierras de propiedad de indígenas eran insuficientes, y que era necesario contar con fórmulas de “reparación”. Con esta lógica se creó el mecanismo de “compra de predios en conflicto” que ha estado en el ojo del huracán. De acuerdo a este instrumento, la Conadi tiene facultades para “financiar mecanismos que permitan solucionar problemas de tierras”. No es necesario detallar las consecuencias que tiene el ejercicio de una herramienta de esta amplitud y discrecionalidad en la realidad social y cultural de La Araucanía. Todos los incentivos están dispuestos para generar violencia, corrupción y clientelismo.

Está claro, entonces, que seguir utilizando este mecanismo es garantía de perpetuar en el tiempo un conflicto que está literalmente desangrando a La Araucanía. Pero si hay consenso en lo anterior, no existe la misma claridad respecto al mecanismo que debiera reemplazarlo. A menudo se nos olvida que las escasas tierras “comprables” tienen dueños legítimos, quienes no tienen responsabilidad alguna en las injusticias que pueda haber cometido el Estado de Chile en el pasado. Desde ya debe asegurarse entonces que el mecanismo que reemplace al actual no sea funcional a la dinámica perversa de “compras por paz”.

El desafío entonces es explorar y acordar con los propios pueblos indígenas nuevas alternativas para abordar la cuestión de las tierras.