Retorno a la presencialidad de los tribunales: luces y sombras

Macarena Iturra

Desde hoy comienza el regreso paulatino de la presencialidad en los Tribunales de Justicia, luego de casi 30 meses en que el sistema judicial -acomodándose a la realidad de la pandemia- adecuó la tramitación de las causas a la virtualidad. De esta forma, a contar de ahora el 50% de su dotación entregará atención presencial.

Son muchas las reflexiones que deja este período. Si tomamos los beneficios, se ha agilizado la tramitación de los juicios -por topes de horarios en alegatos y audiencias, traslados de las partes, abogados y testigos a distintos lugares del país para efectuar diligencias, con el consiguiente costo asociado que debían soportar. Esto ha permitido una mayor comodidad a los abogados - tomar audiencias o alegatos en lugares distantes- a tan sólo a un click. Sin contar que la inmediación con el Tribunal fue inaudita en comparación con la prepandemia: al menos en una primera etapa, los jueces estaban presentes en la mayoría de las audiencias.

“Los abogados que litigan en representación de intereses ajenos merecen una exhaustiva deliberación de los juicios en su resolución final, lo cual impone que las alegaciones orales sean escuchadas con la debida atención, algo que la vía online muchas veces no propicia”.

La tramitación online ha sido así un beneficio en tiempo y costos que debe rescatarse y, en lo posible mantener, tal como lo ha hecho la justicia constitucional (que ha dejado la posibilidad de optar a las partes de presentar alegatos vía remota o presencial, sin expresión de causa).

El otro lado de la moneda son los aspectos negativos a subsanar si se mantiene en algún porcentaje la virtualidad. El primero: la falta de cotidianeidad con el interlocutor en el Tribunal. Ciertamente esto ya venía en descenso. Tanto así que ya no es usual poder hablar con el proveedor que está a cargo de las causas (debes enviar solicitud al coordinador del Tribunal) y menos aún se puede pedir una audiencia con el magistrado sin hacer una presentación previa.

A lo anterior se suman las eventuales infracciones al debido proceso en el caso de las diligencias probatorias, en las cuales, conforme hemos visto el último tiempo, se ha violentado la imparcialidad de los testigos al momento de declarar, mediante envío de mensajes en ese momento.

Por otro lado, y en las instancias ante Tribunales Superiores, hoy existe un escaso feedback de los ministros. En la práctica, varios se desconectan o, en el peor de los casos, no prenden la cámara de su computador. Esto representa una mayor dificultad en el ejercicio del derecho a defensa, ya que normalmente los juicios que llevan años de tramitación se deciden en esos 20 o 30 minutos en los que tienes para hacer una exposición coherente y articulada frente a un Tribunal, que muchas veces no brinda la atención necesaria para una acertada decisión en el conflicto.

Los abogados que litigan en representación de intereses ajenos merecen una exhaustiva deliberación de los juicios en su resolución final, lo cual impone que las alegaciones orales sean escuchadas con la debida atención, cuestión que la vía online muchas veces no propicia.

¿Qué nos deja este período? Un gran avance en la modernización y simplificación de tareas y diligencias. Pero aún mucho por avanzar en una justicia acorde con las necesidades actuales y el creciente aumento en la judicialización.