Reforma tributaria 2022: “Déjá vu”

Fernando Barros Tocornal

El centenario edificio de la estatal Universidad de Chile es sede de los diálogos sociales, donde un amable y profesional equipo de asesores gubernamentales recibe a decenas de organizaciones y personas interesadas en aportar con su visión a la proyectada reforma tributaria. Unos esperan un aumento de la recaudación y, con ello, el incremento de sus presupuestos con cargo al erario fiscal. Otros quieren ver las grandes obras sociales que se podrían realizar con los nuevos recursos.

Los diálogos se dan en un elevado ambiente técnico y no hay encuentro entre los contribuyentes que pagarán más impuestos sobre sus ingresos o patrimonio, y quienes dictan cátedra sobre la igualdad y la imperiosa necesidad de extraer mucho más del fruto del trabajo de los que cargan el peso de exitosos emprendimientos y de haberse privado de muchos placeres para ahorrar e invertir y expandir sus empresas.

“En un mundo global, sin restricciones de movilidad de los capitales, las malas políticas tributarias y el exceso contra los que legítimamente han conformado su patrimonio favorecen la pérdida del capital económico y humano”.

El dialogo es breve. Los representantes de más de 2.000 empresas, gremios sectoriales y regionales y asociaciones de emprendedores y creadores de empleo para millones de compatriotas cuentan con 15 minutos para hacer ver los aspectos esenciales de un sistema tributario moderno, los errores de base en la comparación del sistema impositivo en nuestro país con referentes internacionales, y la pérdida de competitividad y de incentivo para invertir en Chile que supone el alza en más del 70% del impuesto corporativo en algo más de una década (en contrario con la tendencia internacional). Tampoco hay temor de repetir la caída histórica de la inversión que supuso la sesgada reforma tributaria de Bachelet 2, de concretarse la extracción de recursos de la economía productiva para el mayor gasto público prometido en el programa de gobierno, sin un mínimo compromiso de eficiencia y mayor control en ese gasto fiscal.

De poco sirve la advertencia de que los crecientes costos regulatorios, las nuevas cargas previsionales para el empleador, la disminución de la jornada de trabajo en más de un 10% manteniendo las remuneraciones, las contribuciones y sobretasas a inmuebles productivos, las patentes municipales, el incremento de las gratificaciones legales, los costos asociados a la falta de seguridad y delitos contra las personas y bienes, etc., etc., harán progresivamente menos competitivas a las empresas en Chile, y comprometerán la posibilidad de generar los empleos y crecimiento económico que se requieren para los mismos programas y obras que se proponen.

Las autoridades consideran suficiente explicación el que la reforma afectaría solo altos patrimonios y utilidades acumuladas, olvidando que esas utilidades legítimamente ganadas por el emprendedor y empresario, y que se reinvirtieron en la empresa, hoy son bodegas, plantas industriales, maquinaria y capital de trabajo. Gravarlas con nuevos impuestos significa desincentivar el desarrollo de nuestra industria. Y tampoco es justo castigar a los emprendedores, deportistas, artistas, comerciantes y todos aquellos que con su trabajo y el de sus familias han logrado éxito, y que a pesar de haber cumplido con la tributación a las rentas o herencias entregando parte de lo heredado o ganado a las arcas fiscales, ahora se quiere volver a gravar lo que no han consumido y se les quiere extraer de lo ya tributado de su patrimonio.

En un mundo global, sin restricciones de movilidad de los capitales, las malas políticas tributarias y el exceso contra los que legítimamente han conformado su patrimonio favorecen la pérdida del capital económico y humano.