¿Querellas? Quizás, quizás, quizás

JOSÉ MIGUEL ALDUNATE

Siempre que les preguntan si presentarán querellas contra los dichos o las acciones de violencia en el país, las autoridades de gobierno responden: quizás, quizás, quizás.

Y así van pasando los meses, y entre la negativa a querellarse por las balaceras contra la ministra del Interior, la presentación de una querella por delitos comunes por el asesinato de Ciro Palma (no importando que fuera herido en la cara por munición de guerra), y por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los camioneros que reclamaron por la inseguridad de los caminos, el país comienza a preguntarse si la política de litigación del Gobierno en materia de orden público va hacia algún lado.

“Pasan los meses, y entre tanta balacera el país comienza a preguntarse si la política de litigación del Gobierno en materia de orden público va hacia algún lado”.

A ello se suman el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado por hechos asociados al estallido social o la inactividad judicial del Ejecutivo frente las balaceras en la calle Meiggs. Ni siquiera en aquellos casos en que el Gobierno debiera tener una mayor afinidad ideológica con la tarea que se les ha encomendado, parecen sentirse cómodos. Así lo demuestra su exclusión como querellante del caso Huracán, producto de la desprolijidad de los abogados del Ministerio del Interior.

El último de estos desaguisados fue la declaración del ministro Jackson de que no presentarían querellas contra el líder de la CAM Héctor Llaitul por sus amenazas de sabotaje. “Este no es un gobierno que vaya a perseguir ideas”, dijo el ministro. Fue necesaria la molestia generalizada de la opinión pública para que el Gobierno volviera sobre sus pasos. Incluso la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tuvo que precisar lo obvio, esto es, que “amenazar a las personas con sabotajes o con otro tipo de delitos no es parte de la libertad de expresión”.

La ley faculta al Ministerio del Interior a presentar querellas en aquellos casos que afecten la seguridad y el orden público, así como respecto de hechos que pueden revestir carácter terrorista —asignando recursos y personal a tal efecto—, no para que el Gobierno las utilice caprichosamente, sino como una de las herramientas con que cuenta el Ejecutivo para implementar su política de seguridad.

A mayor abundamiento, el Ministerio del Interior actúa en estos procesos como coadyuvante de la investigación penal que hace el Ministerio Público. Además, como tiene a su cargo la supervisión de Carabineros y lleva el control de los recursos policiales, es importante que se involucre directamente en los asuntos judiciales como un actor de la mayor relevancia en el desarrollo de los procesos de interés público.

De aquí que los ciudadanos esperamos de nuestra autoridad política lineamientos claros sobre la manera en que se ejerce la facultad de querellas. En cambio, el Gobierno oscila entre cumplir sus deberes institucionales y, suponemos, aminorar la culpa por ejercer el ingrato monopolio de la fuerza, así como de los escrúpulos por aparecer en los juicios en el bando de los defensores del Estado.

¿Hasta cuándo?