Es sorprendente ver cómo el proyecto minero Pascua Lama deba readecuarse, luego de la suspensión de obras decretada por el Tribunal de Garantía de Copiapó. Llama la atención que esta resolución fue empujada en parte por la propia minera al realizar una auto denuncia por algunos aludes que se produjeron producto de los deshielos y que no pudieron ser debidamente contenidos.
A esto se suma que las comunidades han presentado recursos de protección aduciendo graves irregularidades medioambientales como la contaminación del recurso hídrico de la zona. Es importante recordar que todas estas irregularidades deben ser analizadas desde un punto de vista técnico y no parece prudente estigmatizar a priori los proyectos mineros de gran envergadura, en especial en sus primeras fases de desarrollo, donde es común encontrar que la realidad se impone a los cálculos de mesa. Recordemos que proyectos mineros como Pascua Lama son mirados con gran atención por inversionistas foráneos y son consustanciales al desarrollo minero chileno, que trae mayor empleabilidad y recursos.
Hemos visto que los proyectos mineros y energéticos se suspenden debido a factores de financiamiento, falta de un marco normativo claro para determinados minerales considerados estratégicos, irregularidades medio ambientales o escasez de insumos como agua o energía. Las consecuencias son de esperarse, la inversión migra o se suspende y el país pierde competitividad. Preocupa ver la instrumentalización que se ha hecho de las comunidades afectadas con el objeto de poner un elemento subjetivo al problema de fondo.
Esta es una visión parcial dado que el desarrollo también beneficia a las comunidades locales, baste ver el ingreso per cápita de ciudades como Antofagasta, Copiapó o Calama para corroborarlo. Trabajar en materia comunitaria es algo que la minería del siglo XXI tiene muy en cuenta, y los avances en esta materia son notables en una perspectiva temporal y legal tanto a nivel de proyecto como en fases posteriores, sin perjuicio de que siempre existirán materias que podrán ser mejoradas.
Actualmente existe un esfuerzo por parte de las empresas por alcanzar los hitos de las Resoluciones de Calificación Ambiental, las cuales, dado su rigor técnico, permiten cada vez menos flexibilidad. La autoridad debe fiscalizar, pero también fortalecer la iniciativa privada coadyuvando oportunamente a las empresas a poder llevar a cabo sus proyectos.