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Alto contrastePara nadie es un misterio que la necesidad de una nueva regulación sobre gobiernos corporativos se ha hecho evidente en el último tiempo. Los directorios son una instancia clave para el presente y futuro de una empresa, es el timón que le da la dirección y, por ello, tener políticas de mejora constante y adaptarse en forma orgánica a los cambios sociales y económicos es uno de sus principales desafíos.
Debido a lo anterior, la nueva normativa impulsada desde la Superintendencia de Valores y Seguros (NCG 314) debe ser vista como un paso adelante en esta materia y un aporte en el camino a alcanzar estándares internacionales que permitan un adecuado funcionamiento de los directorios. Ello implica que se generen políticas enfocadas en fortalecer el rol de los directores y que éstos puedan llevar a cabo su rol fiscalizador y directivo con eficiencia y transparencia.
Sin embargo, han salido opiniones diversas respecto de algunos de los puntos que plantea la normativa. En todo caso, lo primero es valorar que se esté buscando una instancia de autorregulación, lo que sin duda llevará a los directorios a revisar y optimizar sus prácticas y políticas, permitiendo mejorar en aquellos casos en que sea posible.
Uno de los puntos que ha generado divergencias es el que dice relación con la cantidad mínima de horas que deben cumplir los directores en sus funciones, punto que puede tener varias aristas y que, sin duda, puede ser una oportunidad de discutir sobre la necesidad de que tengan una dedicación que les permita interiorizarse en profundidad de los temas y del entorno de la compañías.
Independientemente de ello, debemos valorar esta normativa como un paso clave y parte de un nuevo modelo de directorios: más transparente, más eficiente, más equilibrado y con un mayor grado de supervisión.
Debemos tener en cuenta que, tal como lo señala la OCDE, contar con gobiernos corporativos sólidos refleja una economía de mercado confiable y estable.
En este caso, la norma es primordial para continuar el desarrollo de políticas de buenas prácticas de los gobiernos corporativos, donde se representen los intereses de todos los involucrados de la empresa.
El fin de este proceso es demostrar a la economía y al mercado una mayor transparencia y seguridad y, por ende, un mayor grado de desarrollo acorde a lo que somos como país.
