Después dela gratuidad

Matko Koljatic

Cuando hace tres meses escribí una columna en este periódico en que predije la defunción de la gratuidad, jamás pensé que esa muerte sería luego de una agonía larga y dolorosa. Los detalles del ocaso de la gratuidad son conocidos, de modo que no es necesario recordarlos. Lo importante es que esta política pública está muerta. Así lo confirmó en estos días la senadora Allende al decir que no había factibilidad económica para llevar a cabo la gratuidad universal, como se había programado por la Nueva Mayoría. La muerte de la gratuidad universal es una buena noticia porque le da al país la posibilidad de diseñar una política pública comprehensiva respecto al financiamiento estudiantil, que efectivamente provea una educación de calidad a nuestros jóvenes.

En mi opinión, de lo primero que debemos preocuparnos al diseñar esta nueva política -aunque sea paradójico- es de los jóvenes que no estudian ni trabajan. A pesar del avance en cobertura que se ha logrado con el sistema de financiamiento basado en becas y créditos, uno de cada dos estudiantes que egresan actualmente de la enseñanza media ¡nunca accede a la educación superior! Ello es así porque esos jóvenes no tienen los conocimientos mínimos para estudiar o porque no tienen el dinero para hacerlo o alguna combinación de ambos factores. Es sabido que estos jóvenes enfrentan dificultades de empleo o una vida de trabajos precarios. La mitad de esos mismos jóvenes engrosan anualmente las filas de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Darle formación ciudadana y proveer de competencias laborales a estos jóvenes debiera ser, entonces, la primera prioridad de cualquier reforma a la educación superior. ¿Cómo hacerlo?

Pienso que la respuesta pasa por varias vías. Por una parte, se requiere un fuerte subsidio a la oferta para que nuestras Fuerzas Armadas tomen un rol más activo en la solución de los déficits educacionales en el país. Nuestras FFAA tienen las capacidades e instituciones para ser parte de la solución. El servicio militar siempre fue un instrumento de formación ciudadana y de provisión de competencias a los jóvenes en el país. En mi opinión, debe ser ampliado y fortalecido.

La segunda respuesta a esta pregunta es conocida y se encuentra en Europa, en lo que se conoce como la “educación dual”. Hay que movilizar e integrar al sector productivo al esfuerzo. Los CFT y las empresas, trabajando colaborativamente, pueden ser un segundo eje en la solución. Por cierto, esta educación debiera ser gratuita para todos aquellos que no cuenten con los recursos para pagarla, pero debe ir asociada a becas, es decir a subsidios a la demanda.

La tercera área de acción legislativa de la reforma de la educación superior debe impulsar políticas efectivas de inclusión para los estudiantes meritorios. Hoy en día, las universidades más reconocidas por su calidad seleccionan en sus procesos de admisión con esquemas que premian a alumnos provenientes de familias de altos ingresos (como la PSU, que debiera ser reemplazada por otros instrumentos de selección), de modo que a pesar de los apoyos financieros, los alumnos vulnerables no acceden a ellas. Este problema obliga a implementar políticas de “acción afirmativa”. Hay razones de bien común que justifican que los estudiantes que no pueden pagar tengan gratuidad y ello también debería consistir en un esquema de becas.

Finalmente, ¿debe haber gratuidad para los estudiantes que pueden pagar por su educación superior? Pienso que no. Por una parte, está la estrechez financiera que está enfrentando el Fisco y que probablemente se extenderá por varios años. Pero, más importante que ello, pienso que la noción que la educación superior es un derecho social es una falacia. La educación superior es un bien de inversión que genera rentas apropiables por quien la recibe, y por lo tanto, no es un bien público. El sistema actual en que los que pueden pagar al contado lo hacen y quienes requieren plazos de pago reciben créditos con períodos de gracia y bajos intereses es válido, aunque perfectible.