Presupuesto fiscal 2022

Luis Larraín

La discusión de la Ley de Presupuestos 2022 adquiere una importancia particular por lo vivido en Chile los últimos dos años y las decisiones políticas que deben tomar la ciudadanía. El contexto macroeconómico es complejo; la economía viene recuperándose de los deprimidos niveles que mostraron durante la pandemia, pero ello ha sido acompañado de una inflación creciente.

Los fondos soberanos de Chile, que en 2019 acumulaban 14.200 millones de dólares, llegarán a multas de este año a solo 2.400 millones. Gran parte de la caída se debe al gasto fiscal en subsidios para la pandemia, cuyo principal programa ha sido el IFE, que ha beneficiado a más de siete millones de familias. Por el lado de los pasivos, la deuda pública llegará en 2021 a un 39% del PIB. En cuanto a los flujos, el déficit fiscal efectivo será de 8,3% el 2021 y el déficit estructural, o cíclicamente ajustado, se elevará un 11,5%.

El complejo desafío de la política fiscal para en 2022 es cómo desarmar las ayudas transitorias por la pandemia del año actual para iniciar una convergencia hacia el equilibrio fiscal, sin afectar excesivamente el crecimiento de la economía chilena durante el próximo año.

¿Cuál fue la propuesta fiscal del gobierno para 2022? El proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso alcanza a 82.100 millones de dólares, un 23,8% del PIB, con una disminución de 22,5% respecto a la ejecución presupuestaria del año 2021, pero un crecimiento respecto a la ley 2021, que se empinaba sobre los 79.000 millones de dólares, pero debió sobre ejecutarse a raíz de la pandemia. La disminución está básicamente en las transferencias directas a la población, pues los presupuestos de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Deportes exhiben crecimientos, ya que su mayor componente es gasto de inversión, necesario para la reactivación de la economía.

De esta manera el gobierno pretende que haya una convergencia fiscal que lleve el déficit estructural o cíclicamente ajustado desde el 11,5% que registrará este año a un 3,9% en 2022; 2,9% en 2023; 1,9% en 2024; 0,9% en 2025 y 0,1% en 2026, acercándose así a la promesa de déficit estructural cero que alguna vez hicieron las autoridades económicas chilenas. Esto permitiría, además, que la deuda pública se mantuviera en niveles del orden del 39% del PIB.

Los economistas que se especializan en finanzas públicas han reaccionado positivamente al proyecto del gobierno, coincidiendo en que es necesario converger en el mediano plazo hacia el equilibrio fiscal. No hacerlo significaría entrar a depender críticamente del financiamiento externo, lo que puede llevar a perder el grado de inversión de las clasificadoras de riesgo internacionales, afectando la inversión. Si ello ocurriera, el financiamiento externo se encarecería fuertemente, entrando a un círculo vicioso. Algunos cálculos indican que el gasto en pago de intereses de Chile podría subir de cifras del orden de 2.500 millones de dólares al año a 6.500 millones si es que la deuda externa del sector pública llega a un 50% del PIB.

Este consenso de los especialistas se ve amenazado por el peor Congreso de la historia. En la discusión se ha planteado que la disminución del gasto en 2022 sería excesiva, y cada parlamentario tiene su partida favorita que no quiere rebajar. La Cámara aprobó recién el proyecto, pero rechazó 16 partidas fundamentales como Educación y Defensa. Esta semana es el turno del Senado. Estados Unidos, un país serio, rebajó este año 27% su presupuesto fiscal respecto al año anterior. Veremos qué hace Chile.