Maldita gratuidad

Luis Larraín

La gratuidad universal en la educación superior fue el gran señuelo que usó Michelle Bachelet en su campaña electoral. En su programa establecía que en un período de seis años habría gratuidad universal para todas las universidades que cumplieran ciertos requisitos. Con ella, sedujo a cientos de miles de familias chilenas que votaron por ella pensando en el alivio para la economía familiar que significaría esta medida.

Pero ya no habrá gratuidad.

Nos acabamos de enterar de ello al conocer el texto del proyecto de ley sobre educación superior. Los requisitos que pone el proyecto para ir aumentando el porcentaje de la población que accederá a la gratuidad son de una exigencia tal, (la recaudación tributaria debe llegar a un 29,5% del PIB tendencial), que es posible que ello no ocurra antes del año 2060, si es que llega a ocurrir alguna vez.

Ya durante este año 2016 la promesa de gratuidad no había sido honrada. La glosa presupuestaria que estableció una gratuidad que teóricamente podía alcanzar hasta el 50% de la población ha significado, en los hechos, dadas las características socioeconómicas de los postulantes, sus puntajes y la admisión que en definitiva han realizado los planteles universitarios, que no hay aumento en la cobertura de alumnos con financiamiento estatal para sus estudios, sólo algún cambio en las modalidades.

Recordemos que la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que recaudaría casi tres puntos del PIB, iba a permitir, según el programa, terminar con el déficit fiscal estructural, para lo cual se destinaría un tercio de la recaudación, y financiar la reforma educacional, para lo cual se requerían los otros dos tercios. Nada de ello ha ocurrido y la irresponsable política fiscal de Bachelet ha significado que nos quedemos sin recursos para financiar la gratuidad. Diversos economistas han calculado que se necesitaría una nueva reforma tributaria, de una magnitud el doble de la realizada, para pensar en llegar a la gratuidad.

Esto ha desalentado a muchos de quienes apoyaban la promesa de gratuidad del Gobierno. Si tenemos que pasar dos veces más por todo lo que significó la reforma tributaria para acercarnos otra vez a la gratuidad, con el aumento de la carga a la clase media que significó todo ese proceso, quiere decir que nos engañaron. Ese es el razonamiento de la mayoría hoy día: la gratuidad era, entonces, una promesa que no podía cumplirse.

¿Y si no es gratuidad lo que nos trae la reforma a la educación superior de Michelle Bachelet, qué diablos nos ofrece?

Bueno, ahí está la cuestión. La gratuidad fue el caballo de Troya que utilizó Bachelet para intervenir el sistema de educación universitaria chilena.

El proyecto altera completamente los mecanismos de financiamiento de la educación superior. Elimina el aporte fiscal directo y el aporte fiscal indirecto, sustituyéndolos por aportes basales (vale decir aportes que se ganan cada mañana por el hecho de levantarse de la cama) para las universidades estatales; y por fondos para investigación ligados a la gratuidad.

Las universidades que quieran acceder al sistema de gratuidad tendrán aranceles fijados por el Estado. Pero será necesario no solamente fijar los precios, sino también las cantidades, por lo cual el proyecto establece un límite al crecimiento de las vacantes en las universidades adheridas. Ello lleva a intervenir también el proceso de admisión. Una cuestión tan fundamental para un proyecto universitario como es el sistema y los criterios de admisión de nuevos alumnos tendrá que resignarse, para ser manejado por el Estado.

Las universidades también tendrán que efectuar cambios en su gobierno corporativo. Las estatales estarán obligadas a tener participación triestamental (académicos, alumnos y empleados). Las otras una serie de restricciones societarias y de operaciones con relacionados para evitar el perverso lucro.

No al lucro en la educación, fin a la educación de mercado, gritan los estudiantes a los que se suman ahora algunos rectores; mientras todos ellos piden más dinero.