La importancia de llamarse Valdés

Luis Larraín

Rodrigo Valdés no es un personaje ficticio, como lo era Earnest en la obra de Oscar Wilde. El juego de palabras que hay en el título de la obra de Wilde permite también entenderlo como: "La importancia de ser serio".

Y es lo que sucede hoy con el ministro de Hacienda, quien debe enfrentar un manejo muy complejo de nuestra economía, en el que por supuesto ha de ser serio. El problema es que sus propios aliados no se han dado cuenta de la magnitud del desafío que enfrenta.

El comité consultivo del PIB convocado por Hacienda acaba de fijar el crecimiento potencial de la economía chilena en un 3,6%, muy por debajo del 4,3% que se usó como referencia para el presupuesto del 2015. Este deterioro del potencial de crecimiento tiene consecuencias de política económica que son muy relevantes. Reducen la capacidad de las políticas monetarias y fiscales para reactivar la economía. Ello porque los fundamentos de políticas expansivas son brechas entre la capacidad potencial de crecimiento y la capacidad actual, que estarían explicadas por una insuficiente demanda. Lo apropiado, de acuerdo con ese diagnóstico, es robustecer la demanda. En cambio, si las brechas no existen o son menores, la manera de expandir el producto es con políticas de oferta, vale decir aquellas que mejoran la productividad de los factores y logran incrementos permanentes de la capacidad productiva del país.

Esa es la realidad que están enfrentando los conductores de la política económica en nuestro país, el ministro de Hacienda y el Banco Central. Esta capacidad de maniobra limitada no es exclusiva de nuestro país y se ve reforzada por el contexto mundial. Hay consenso en que en Estados Unidos la Reserva Federal incrementará la tasa de política monetaria en su reunión de septiembre, lo que impide a las autoridades monetarias de otros países realizar una política expansiva. La circunstancia de tener en Chile una tasa de inflación que está ya por dieciséis meses por sobre la meta, es un disuasivo adicional.

El ministro Valdés ya ha advertido que su margen de maniobra en política fiscal también es reducido. Las estimación del comité de expertos del PIB potencial y la de quienes fueron convocados para estimar el precio de referencia del cobre, que lo fijaron en US$ 2,98 la libra, ponen las miradas sobre cuál es la expansión del gasto fiscal compatible con esos valores a la espera de la decisión de la autoridad sobre el déficit estructural que pretende alcanzar en los próximos años. Todo indica que el gasto fiscal efectivo no podría incrementarse en el 2016 mucho más allá del 4%, vale decir menos de la mitad de lo que ha subido este año hasta la fecha.

Con este panorama, la política económica tiene que mirar a políticas de oferta para reactivar nuestra economía. Y ahí no hay mucho que inventar. Estructuras tributarias más eficientes y mercados laborales flexibles que permitan que los incrementos de remuneraciones reflejen aumentos de productividad, son algunas de las máximas consideradas en todas partes del mundo.

Y claro, ahí el ministro de Hacienda no la tiene fácil. La reforma tributaria introdujo un shock de 3 puntos del PIB que ha impactado fuertemente en la inversión. Adicionalmente, la puesta en marcha de la reforma encuentra una serie de dificultades prácticas que en algunos casos, incluso, no permiten el pago de impuestos por falta de instrucciones precisas del SII. Por eso, el ministro Valdés con razón ha anunciado un proyecto de ley que resuelva las principales dificultades operativas. Esto no logrará, hay que decirlo, evitar los efectos adversos sobre la inversión porque el importante incremento de tasas continúa, pero el ministro ha dicho, con cierta razón hay que decirlo también, que no se trata de revertir la reforma.

Pero en lo laboral, ministro, no hay ley aprobada, de manera que la insensata propuesta de prohibir el reemplazo durante la huelga, aún con trabajadores internos, sí puede hacer una diferencia. Y de pasada, no estaría mal que el ministro Valdés apoyara el derecho de importantes inversionistas extranjeros a adquirir empresas chilenas usando la ley y de acuerdo con las instrucciones de los organismos fiscalizadores, derecho hoy día cuestionado desde el mismo gabinete.