Un mejor acuerdo en pensiones

Luis Felipe Lagos

Ha trascendido que entre los puntos de un acuerdo en pensiones estaría una compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida, y una garantía transitoria a personas con alta densidad de cotizaciones, pero con baja tasa de reemplazo.

Lo que se está instalando es un nuevo componente de reparto; aunque se le llame “compensación”, es un reparto. En efecto, la solidaridad en pensiones es un reparto: se puede repartir cotizaciones o impuestos generales. El reparto por chico que sea, se habla de 0,5%, es injusto e ineficiente. En la práctica, se está implementando un impuesto al trabajo, sin una reforma tributaria. Lo justo y eficiente sería financiar la compensación con ingresos que provienen del trabajo y capital, esto es, impuestos generales. Se estima ascendería a US$ 400 millones, algo factible, incluso con la actual restricción fiscal, reasignando recursos.

“El reparto por chico que sea, se habla de 0,5%, es injusto e ineficiente. En la práctica, se está implementando un impuesto al trabajo, sin una reforma tributaria”.

¿Por qué el oficialismo insiste en este componente de reparto, que por razones demográficas es insostenible? La ministra del Trabajo sostiene que Chile está en un extremo “neoliberal” en pensiones, donde no existe solidaridad. Esto es sencillamente falso, ya tenemos la PGU: un pilar con la lógica de reparto en el sistema; se reparten impuestos. Este es un tema ideológico, el 0,5% podrá fácilmente ampliarse en el futuro por políticos populistas con afanes distributivos. Solo recordemos que en el proyecto inicial del Gobierno se creaban cuentas nocionales y todo iba a reparto; el Estado se constituía en un gran administrador de los fondos acumulados.

Si bien se condiciona la compensación a que las mujeres posterguen la edad de jubilación, debiera establecerse la misma edad para hombres y mujeres, o incluso mejor, exigir, como se ha sugerido, 35 años de cotización, independiente de la edad.

El segundo punto de acuerdo: la garantía transitoria, es una política regresiva. Se pretende ayudar a grupos medios y altos que tienen alta densidad de cotizaciones pero una baja tasa de reemplazo, con un préstamo de los cotizantes. Los fondos estarían obligados a incorporar más bonos del Estado, introduciendo así mayores restricciones a la optimización de la combinación retorno-riesgo del portafolio. Surge una duda obvia: ¿Por qué no se endeuda directamente el Estado?

¿Por qué esta garantía a estas personas? En efecto, los primeros quintiles de ingreso tienen altas tasas de reemplazo incluyendo la PGU (172% y 80%, el primero y segundo, versus 45% y 34% el 4 y 5 quintil, respectivamente, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones). Los grupos medios y altos beneficiarios de la garantía tienen lagunas previsionales muy inferiores a los primeros quintiles: 37% y 39% hombres y mujeres del 4 quintil versus 87% y 86%, hombres y mujeres, respectivamente, del 20% más pobre (estimaciones de Valdés y Leyton). Al considerar las lagunas, las tasas de reemplazo autofinanciadas proyectadas de los sectores medios se fortalecen. Asimismo, no se toma en cuenta que los grupos medios-altos, generalmente, tienen otros ahorros además del previsional. En síntesis, esta política es regresiva.

Dada esta evidencia, lo que correspondería sería un acuerdo que focalice la PGU en los primeros 3 quintiles de la población. Esta política, además, permitiría aliviar en algo las estresadas finanzas públicas.