¿Cómo mitigar los efectos económicos del Covid-19?

Luis Felipe Lagos

El virus que afecta al mundo muy probablemente resultará en una recesión global, Chile incluido. La pandemia es afortunadamente una perturbación transitoria, ya que en algunos meses su propagación debiera controlarse.

El efecto se manifiesta como un shock de oferta, al trabar las cadenas de producción cuando los países -como China- dejan de exportar partes y piezas que son insumos de un producto final que se elabora en otro país. Pero, además es un shock de demanda, al reducirse el consumo producto de la restricción de desplazamiento a los individuos impuesta en cada país. Los sectores más afectados son el turismo, comercio, restaurantes, transporte y hoteles. En la medida que numerosas empresas tengan problemas de liquidez, y eventualmente quiebren, el sector financiero también se verá afectado. En el caso de Chile, el problema es más grave, ya que las empresas estaban sufriendo la crisis de violencia que se instaló el 18-O, y la incertidumbre asociada a la discusión de una nueva Constitución que parte de una “hoja en blanco”.

Frente a un shock transitorio la política monetaria y fiscal deben actuar para mitigar sus efectos. Un shock de oferta lleva a menor actividad junto a un incremento de la inflación: una estagflación. Paralelamente, ocurre la caída en el consumo. La respuesta de política monetaria debe apuntar a proveer la liquidez necesaria y reducir la tasa de política, lo que redunda en un menor costo de financiamiento que se traspasa a las empresas con problemas de liquidez.

El Banco Central de Chile ya dio el primer paso, bajando acertadamente la tasa de política, otorgando una facilidad de financiamiento a la banca, condicional a un incremento de colocaciones, abriendo la compra de bonos bancarios y la posibilidad que bonos de empresas puedan ser usados como garantía.

Evidentemente, en el corto plazo la respuesta de política puede resultar en una mayor depreciación del peso e incremento de la inflación. No obstante, esto es coherente con el horizonte de dos años que tiene la política monetaria para lograr la inflación meta.

La magnitud y naturaleza del problema requieren también una acción de política fiscal. La prioridad debe ser reasignar recursos hacia la salud, para salvar vidas. En segundo lugar, ayudar a las empresas, particularmente PYME, que tienen dificultades para continuar produciendo, y han visto una fuerte caída en sus ventas. La ayuda fiscal debiera orientarse a postergar el pago de patentes e impuestos (PPM), adelantar la devolución de impuestos de la operación renta y dar facilidades para el pago del IVA. Para apoyar a las personas que sufran el desempleo debido a las reducciones de personal y quiebras, habría que considerar un mayor aporte del Estado al seguro de cesantía, agilizando su tramitación, y una postergación en el pago de contribuciones de bienes raíces.

El mayor gasto fiscal transitorio que ya habíamos evidenciado debido a los episodios de violencia y destrucción, junto a menores ingresos debido a la caída en el precio del cobre y actividad resentida, llevará a un mayor déficit efectivo que puede ser financiado recurriendo a los fondos soberanos y mayor endeudamiento. Esto es coherente con una regla fiscal como la que tiene el país, donde el gasto responde a los ingresos cíclicamente ajustados (estructurales), que contemple una cláusula de escape para eventos como catástrofes naturales, epidemias y recesiones, que, con un cierto límite, permiten aumentar el gasto respecto de lo que correspondería de acuerdo a la evolución de los ingresos de largo plazo.