Liderazgo regulatorio

Enrique Marshall

La industria financiera es probablemente la más regulada y supervisada entre todas. Ello se observa generalizadamente en el mundo, con grados de intensidad que varían, respondiendo a tradiciones o enfoques de política. El modus operandi es que la ley, o las autoridades financieras, fijan las normas y luego el supervisor financiero verifica su cumplimiento. Simple y claro.

¿Pero es ello suficiente en un sector sometido a permanentes transformaciones? Definitivamente, no.

“Sería recomendable que las autoridades regulatorias entreguen orientaciones para evitar el lamentable ‘síndrome de las isapres’ en el ecosistema de los pagos minoristas”.

La realidad muestra que, en este sector, los cambios y las innovaciones se suceden con rapidez por la presencia de nuevos productos, canales de distribución y aplicaciones tecnológicas.

Por ello, las reglas introducidas en un determinado momento pueden quedar obsoletas más adelante y, por lo mismo, requerir constantes ajustes o perfeccionamientos.

En ese contexto, lo que corresponde es que los reguladores asuman una actitud proactiva, en el sentido de entregar orientaciones y directrices, y revisar, actualizar o reinterpretar las normas vigentes. Todo ello apuntando, no a obstruir, sino a facilitar el funcionamiento de los mercados y lograr su rápida adecuación a nuevos escenarios.

Debe advertirse que los costos de la pasividad pueden ser significativos y traducirse en limitaciones a la competencia, la inclusión financiera, la eficiencia y la innovación, con el consiguiente perjuicio para los clientes del sistema financiero. En Chile tenemos varios ejemplos de liderazgo regulatorio bien ejercido. Uno es la sucesión de reformas al mercado de capitales introducidas en años dos mil; otro es la regulación de las tarjetas de crédito no bancarias, implementada en esa misma década.

En esa misma línea, acciones más recientes son el informe sobre una posible moneda digital del Banco Central y la promulgación de la Ley Fintech. Ambas iniciativas, implementadas en 2022, son portadoras de una clara visión de futuro. Sin embargo, una revisión crítica del desempeño de las autoridades muestra también algunas reacciones tímidas o tardías. Una de ellas es la legislación de las tarjetas de prepago, que demoró excesivamente en aprobarse.

Hoy, un cuadro complejo se está incubando debido a la lenta implementación del sistema de cuatro partes para las tarjetas de crédito. Las disputas entre actores han entregado la iniciativa a órganos jurisdiccionales como el TDLC y la Corte Suprema. Entretanto, las autoridades financieras se muestran un tanto rezagadas, lo que introduce incertidumbre y disminuye la probabilidad de encontrar buenas soluciones.

En esa perspectiva, sería recomendable que las autoridades regulatorias, bien conocedoras del tema, ejerzan su liderazgo y entreguen orientaciones, particularmente sobre las tarifas cobradas al comercio y la interoperabilidad de los proveedores. Sería lamentable que el “síndrome de las Isapres” se haga extensivo al ecosistema de los pagos minoristas.