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Ya hace algún tiempo se han ido discutiendo en el medio minero distintas reformas para incentivar este alicaído sector de nuestra economía.
El actual Gobierno ha comenzado dicha misión con un proyecto de ley de orden más bien técnico, pero que de prosperar tendrá consecuencias inmediatas para la mediana minería y para las empresas del sector respecto de sus esfuerzos en la exploración minera.
La primera de las modificaciones dice relación con enmendar la ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, estableciendo que el cálculo de la vida útil de los proyectos se realizará en función de los recursos minerales medidos, indicados e inferidos (no en función de sus reservas), para aquellas empresas mineras que cuenten con una capacidad de extracción o beneficio de mineral superior a diez mil toneladas brutas, y de hasta doscientos cincuenta mil toneladas brutas mensuales por faena minera.
Con ello, mejorará la determinación del plazo dentro del cual las empresas mineras deberán constituir las garantías para asegurar el cumplimiento íntegro y oportuno de sus obligaciones de cierre, permitiendo incorporar, al cálculo de la vida útil, los recursos definidos mediante estudios preliminares sobre la viabilidad técnica y económica del depósito minero, a objeto de que guarde relación con el efectivo tiempo de operación del proyecto.
Dicha reforma adicionalmente precisa que sólo procederá la aprobación de los planes de cierre previa aprobación de los métodos de explotación, evitándose con ello, la aprobación de planes cuyos métodos habían sido previamente rechazados.
Por último, el proyecto de ley busca facultar al Sernageomin para exigir a toda persona que realice trabajos de investigación o exploración geológica básica, la entrega de la información de carácter general que obtengan, esto incluye, muestras, mapas, levantamientos, tablas, estudios u otros instrumentos, referidos a la primera etapa del proceso de exploración minera, consistente en la selección de áreas geográficas con características geológicas favorables para contener depósitos minerales, estableciendo altísimas multas en caso de incumplimiento que podrían llegar a las 100 Unidades Tributarias Anuales.
Todo ello, con el fin de incrementar el Archivo Nacional Geológico y Minero abierto al público, aumentando consecuentemente la competitividad minera.
