La cruel demografía y el proyecto de pensiones

La propuesta de reforma de pensiones contiene un mecanismo de transferencia intergeneracional, ya que al considerar la propuesta 3 y 3, hay 3 puntos de la cotización adicional que irían al ahorro individual y los restantes, a un fondo común que se usaría para subir las pensiones actuales. Tal aumento se realizaría hasta un valor tope de la pensión, a partir del cual ya no tendría aporte fiscal. Este esquema se soporta en el supuesto de que, en el futuro, los actuales cotizantes, trabajadores activos, tendrían una nueva generación de chilenos que realizaría similar aporte para los jubilados del futuro.

Lamentablemente, este esquema de reparto tiene un problema y ello tiene que ver con la evolución de la demografía, ya que las cifras de cuántos trabajadores activos hay por jubilado están cambiando drásticamente y lo seguirán haciendo en las décadas que están por venir.

“El fondo común que propone el Gobierno no será suficiente para complementar o financiar las pensiones de los jubilados del futuro, debido a que existirán, proporcionalmente, cada vez menos aportantes”.

De acuerdo con los datos demográficos del INE, en el año 2000 había 8,2 trabajadores hombres por cada pensionado, lo que se reduciría a 4 en 2030, mientras que en 2050 habría 2,4 trabajadores por jubilado.

En el caso de las mujeres, con menor edad legal de jubilación y mayor esperanza de vida, hay una evolución similar, pero con cifras aún más aterradoras. En efecto, en 2000 había 4 trabajadoras por cada jubilada, en 2030 habrán 2,1 y en 2050 será solo 1,4 trabajadora.

A esta caída vertiginosa de la cantidad de trabajadores por cada jubilado se agrega la informalidad previsional, que en la actualidad llega al 30% de los ocupados, como lo reveló el estudio del Consejo Consultivo Previsional, donde se precisa que 2,7 millones de trabajadores no son contribuyentes de la seguridad social, pero que, sin duda, solicitarán una pensión al Estado una vez que lleguen a la edad de jubilar.

De esta manera, el fondo común que propone el Gobierno no será suficiente para complementar o financiar las pensiones de los jubilados del futuro, debido a que existirán, proporcionalmente, cada vez menos aportantes; y, en segundo lugar, porque la informalidad laboral seguirá creciendo.

Es sustancialmente difícil cambiar la trayectoria de ese fenómeno y, si bien estamos lejos de lo observado en Perú, donde hay una informalidad previsional del 75% de los ocupados, la cifra chilena seguirá creciendo.

La cruel demografía ya les ha pasado la cuenta a los sistemas de pensiones de reparto aún existentes y se ha traducido en pensiones más bajas, elevación de la edad de jubilación y creciente aporte fiscal para financiar un sistema en quiebra.

De hecho, la creación de la Caja del Seguro Obrero o Caja de Seguro Obligatorio en 1924, inicia con una cotización de 20%, lo que posiblemente financiaba las jubilaciones en un Chile con una expectativa de vida muy inferior a la actual. Como la cruel democracia comenzó a modificar las proporciones, ya en el Gobierno del Presidente Alessandri se emitió el primer informe sobre el precario estado financiero de las cajas de previsión, debiéndose esperar hasta fines de los ‘70 para que se diseñase un sistema de capitalización que resolviese el sistema.

Ahora estamos a punto de tropezar con la misma piedra, al insistir con un sistema de reparto.