Empresa constituyente

Jorge Navarrete

Quedan seis meses para que se instale la Convención Constituyente y todavía menos para elegir a sus miembros. Chile se prepara para un intenso debate, probablemente unos de los más importantes de toda su historia.

Y pese a que para algunos las empresas no debieran tener un rol protagónico en este debate -en atención a que, en principio, no son sujetos premunidos de derechos civiles y políticos-, es evidente que, por su importancia en el proyecto de desarrollo nacional y su centralidad en el crecimiento económico y progreso, su voz e influencia son cuestiones que nadie debería soslayar. Sin embargo, y a la luz de la desconfianza o la menor legitimidad social para terciar en estos debates, las corporaciones deberán modificar la forma en que tradicionalmente han participado en lo público.

Una primera cuestión esencial, me parece, es contar con un adecuado diagnóstico. Dicho de forma más provocadora, si usted es un empresario y cree que todo lo que ha sucedido en Chile es sólo fruto de una conspiración venezolano-cubana, con la complicidad de los medios de comunicación local dominados por la izquierda, mejor no siga leyendo esta columna y prepárese sicológicamente, cual señor feudal, para afrontar a los salvajes que pretenden asaltar sus castillos y violar a sus vírgenes. Si, por el contrario, nos abrimos a una realidad más compleja, respecto de la cual evidentemente ponemos tener un juicio de reproche —que sin embargo no nos hace confundir el cómo las cosas son de cómo nos gustarían que fueran—, es que será posible anticipar, innovar y adaptarse a lo que viene.

Lo segundo es identificar dónde estarán los principales focos de discusión, las tendencias dominantes y sus posibles desenlaces. No cabe la menor duda de que, al menos desde la perspectiva empresarial, habrá que poner la atención en: la discusión sobre la garantía de los derechos económicos y sociales, como expresión fundamental de la provisión de bienes y servicios "públicos", que no es lo mismo que "estatales" (salud, educación, previsión e infraestructura); o el tratamiento y revisión de la forma de explotación de nuestros recursos naturales (pienso principalmente en minería, agua, forestal y pesca); y como también se prefigurará un nuevo equilibro entre Estado y mercado, especialmente de cara a las industrias reguladas y al atávico tema de los abusos.

Lo tercero, y quizás lo más relevante, será indagar cuáles son las formas en que las empresas deben y pueden participar de este debate, reivindicando el legítimo derecho que tienen a defender un cierto modelo de sociedad, y que esa tarea se haga sin más ventajas que las que conllevan la fuerza de sus propios argumentos. Por lo mismo, no sólo consiste en priorizar y elegir los ámbitos donde se quiere participar, sino también diseñar sus estrategias de influencia intentando sacar la mayor rentabilidad a sus decisiones y acciones, pero siempre en igualdad de condiciones con otros actores y resguardando los altos estándares de transparencia.

Suponer que la inmovilidad o abstención de las empresas en este debate les facilitará salir indemnes del proceso, es tan ridículo como creer que la política es una cuestión sólo queda reservada a los políticos profesionales. De igual manera, la generación de valor privado en las empresas (riqueza, empleo, utilidades e impuestos) será sólo defendible, perpetuable y sostenible, en la medida que se las perciba también como activos agentes en la creación de valor público y social.

Entonces, ¿esperar o moverse? He ahí la cuestión.