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Alto contrasteInfraestructura en Chile: ¿un problema de dinero o de gobernanza?
CATALINA BINDER ABOGADA
Catalina Binder
La inversión en infraestructura debe sintonizar con los problemas actuales de la sociedad. Satisfacer la demanda por una mejor calidad de vida y el aumento en la productividad, en un contexto de sustentabilidad ambiental, distribución de los beneficios y transparencia, requiere abordar el desarrollo de infraestructura con planificación y mirada de largo plazo.
Atentan contra estos objetivos, por una parte, la falta de una institucionalidad que permita que las visiones de distintos ministerios, empresas públicas, gobiernos regionales y municipios se integren, y por otra, la falta de un plan nacional de infraestructura que perdure más allá de los ciclos políticos. A ello se suma la dispersión institucional en áreas clave como el desarrollo de la logística y las políticas sobre recursos hídricos.
“La creación de una Comisión Asesora para Políticas de Infraestructura responde a la imperiosa necesidad de contar con un plan nacional de infraestructura pública”.
La Comisión Nacional de Productividad en 2020 constató que la inversión en infraestructura tiene altos grados de ineficiencia debido a la ausencia de mirada de largo plazo y a la falta de coordinación entre las entidades que tiene responsabilidades en el proceso de inversiones.
Por su parte, la OCDE ha afirmado que el obstáculo para el desarrollo en infraestructura “no es la falta de financiamiento, sino los problemas de gobernanza”, para lo que Chile “debería considerar fortalecer la planificación de infraestructura a largo plazo y la formulación de políticas para lograr los objetivos de desarrollo”.
En este contexto, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha planteado crear una Comisión Asesora para Políticas de Infraestructura Nacional. La propuesta destaca la necesidad de crear una entidad autónoma, independiente de los ministerios y autoridades administrativas sectoriales y regionales, asesora de la Presidencia de la República, que integre la planificación en infraestructura de los ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, con una visión de largo plazo, y que genere herramientas de evaluación transparentes para mejorar la calidad de las decisiones y monitorear su cumplimiento.
Ejemplo de entidades de este tipo en Chile son el Consejo Fiscal Autónomo, la Comisión Nacional de Productividad, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Comité Financiero, entre otros. Internacionalmente destacan experiencias exitosas de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá.
Según estimaciones del CPI, la creación de esta Comisión Asesora se traduciría en una disminución del 30% en los costos de inversión en infraestructura, permitiendo, a la par, menores tiempos de ejecución de los proyectos, que actualmente -según la Comisión Nacional de Productividad-, tardan más de tres periodos presidenciales en materializarse.
La creación de una Comisión Asesora para Políticas de Infraestructura responde a la imperiosa necesidad de contar con un plan nacional de infraestructura pública, con una mirada país de largo plazo, que coordine a las distintas agencias públicas involucradas, posicionando la infraestructura al servicio de los grandes objetivos nacionales.
Ad portas de una elección presidencial, los candidatos tienen la oportunidad de evaluar la incorporación de esta propuesta en sus programas de Gobierno, considerando que ha sido fruto de un trabajo desarrollado durante los últimos años por un equipo profesional multisectorial, políticamente transversal y con una mirada estratégica de país, que beneficiaría a todos los chilenos.
