Utilidad y educación (segunda parte)

Erik Haindl

En relación a la reforma educacional que intenta eliminar los pagos al capital, sus efectos sobre la asignación de recursos de la economía son claramente malos. Un criterio útil para comparar los resultados de diferentes instituciones económicas es un concepto conocido con el nombre de eficiencia en el sentido de Pareto o eficiencia económica. Si podemos encontrar una forma de mejorar el bienestar de alguna persona sin empeorar el de ninguna otra, tenemos una mejora en el sentido de Pareto. Si una asignación puede ser mejorable en el sentido de Pareto, esta asignación se denomina económicamente ineficiente.

Para alcanzar una asignación óptima en el sentido de Pareto se requiere, entre otras cosas, que el precio del bien sea igual a su costo marginal. Para lograr esto se necesita que las empresas maximicen utilidades en un ambiente competitivo. Si se prohíben los pagos al capital y sólo subsisten empresas “sin fines de lucro”, se pierde la condición de primer orden para lograr una asignación óptima de recursos en el sector de la educación. Esto conduce directamente a una asignación de recursos ineficiente.

En un entorno competitivo, la búsqueda del beneficio individual produce resultados socialmente deseables. En consecuencia, prohibir estos beneficios produce resultados socialmente indeseables. Al prohibir los pagos al capital en la educación, su oferta se debería contraer en forma importante, por lo que la ineficiencia debería consistir en una reducción de la oferta privada de matrículas en el largo plazo en relación a la socialmente óptima. Esto deja al Estado el desafío de tener que expandir la educación pública para tratar de compensar la contracción de la educación privada. Como el Estado tiene recursos limitados, el resultado probable es una reducción en las matrículas en la educación.

Aun cuando el Estado compense la reducción de matrículas del sector privado, se genera un costo adicional a la economía, toda vez que el Estado es mal administrador. En el caso de la educación básica y media el gasto por alumno que hace el Estado en la educación pública es más alto que el gasto total por alumno en la educación privada subvencionada (incluyendo las utilidades de los sostenedores).

En el caso de la educación superior, las universidades públicas tienen un gasto promedio por alumno que es 73% superior al de las universidades privadas. En algunos casos, como en el de la Universidad de Chile, el gasto por alumno alcanza a más de tres veces el costo medio de las universidades privadas. Por ello, la sustitución de matrícula privada por matrícula pública representa con seguridad un fuerte incremento de los costos totales del sistema para generar el mismo producto final. 
Las universidades públicas son autónomas y básicamente están capturadas por sus académicos más antiguos. No tienen ningún incentivo para mantener los costos bajo control.

Operan con un exceso de personal, un bajo nivel de eficiencia laboral, y su único control en la práctica es la negociación por los recursos que les entrega el Ministerio de Hacienda. Esto lleva a concluir que prohibir los pagos al capital en la educación privada, rompe la eficiencia del sector educacional y genera un aumento en el costo medio por alumno.