Dilución del sector privado en la Constitución

GONZALO SAID

La mayoría de las empresas ha logrado sortear los obstáculos gigantes que planteó primero la crisis social y, luego, la pandemia. Es destacable que, según los datos de la última encuesta de empleo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, el empleo habría recuperado los niveles prepandemia.

Sin embargo, las noticias que llegan desde la Convención Constitucional amenazan con crear nuevos focos de incertidumbre, en especial para las pequeñas y medianas empresas. En el capítulo de Derechos Fundamentales, la Convención aprobó que “los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa”, y agrega que “la ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho”.

“Condicionar la gestión de las empresas a la opinión de los trabajadores creará serias dificultades para la sostenibilidad de muchas compañías, especialmente PYME”.

Este articulado puede plantear enormes dificultades, al eventualmente condicionar la gestión de las empresas a la opinión de los trabajadores. De ser así, cualquier empresario - que arriesga su capital- deberá compartir la administración de su empresa con sus trabajadores, lo que creará serias dificultades para la sostenibilidad de muchas empresas. Esto, porque además el texto propuesto avanza en asegurar el derecho a la negociación colectiva y los trabajadores podrán “elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial”.

A los evidentes desincentivos para la inversión que ya contiene la propuesta -un derecho de propiedad diluido, incerteza jurídica en materia territorial, derechos de agua, concesiones mineras, etc.- se agregan normas laborales que obstaculizarían la gestión de las compañías. La negociación colectiva a nivel “ramal, sectorial o territorial” significará que las empresas PYME tendrán que adoptar los estándares (y costos) de las empresas más grandes, con una escala mucho menor, perdiendo así cualquier ventaja competitiva. Si además se permite la co-determinación, incluso en empresas de menor tamaño, el resultado será una jibarización del sector privado y una mayor concentración en empresas grandes, justo el efecto que el país ha querido evitar en el último tiempo.

Algunos podrían citar el ejemplo alemán como referente para la propuesta constituyente. Pero lo cierto es que la co-determinación alemana opera solo para empresas sobre los 500 trabajadores, y estos participan en el Consejo de Supervisión -de carácter más bien consultivo- y no en el Consejo de Administración, que tiene características deliberativas sobre aspectos estratégicos.

Los países progresan cuando el sector privado tiene incentivos claros para invertir y desarrollarse. Los propios Estados pueden aumentar su base de recaudación si cuentan con un motor privado pujante. No sirve de nada consagrar constitucionalmente una serie de derechos si el Estado será incapaz de proveerlos a la ciudadanía porque, en paralelo, se crean desincentivos insalvables para quienes tienen que arriesgar su capital, crear empleos de calidad y contribuir con sus impuestos a financiar las promesas constitucionales.